Insolvencia
La Justicia declara en concurso de acreedores a la Federación Galega de Ciclismo
El tribunal interviene las facultades de administración y disposición de la entidad sobre su patrimonio, quedando sometida al control judicial
Última edición de la Volta a Galicia. / Federación Galega de Ciclismo
Añádenos en GoogleLa crisis económica de la Federación Galega de Ciclismo arranca su recorrido judicial. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la entidad, después de que su dirección reconociese el pasado mes de mayo la situación de insolvencia y anunciase que se acogería a la Ley Concursal.
La federación achacó su quiebra a dos expedientes de reintegro de subvenciones que golpearon directamente sus cuentas: uno de la Deputación de A Coruña, ya resuelto con la obligación de devolver las ayudas públicas concedidas, la imposición de una multa y la prohibición temporal de recibir nuevos apoyos; y otro de la Xunta, todavía pendiente, que afecta a cantidades de varios ejercicios y ha paralizado pagos de 2025 y 2026.
El juzgado ha acordado intervenir las facultades de administración y disposición de la entidad sobre su patrimonio. En términos prácticos, esto significa que ya no podrá gestionar libremente sus bienes ni tomar decisiones económicas, sino que esas atribuciones quedarán sometidas al control del procedimiento concursal.
La situación de insolvencia ya ha tenido consecuencias en la actividad deportiva, aunque la federación aseguró que el calendario ciclista gallego podría desarrollarse con normalidad y que se mantendría la gestión administrativa de las licencias. Sí quedaron suspendidas áreas como la tecnificación, la formación y la participación de las selecciones gallegas en campeonatos de España. Asimismo, se renunció a organizar la Volta a Galicia, una de las pruebas más emblemáticas.
A partir de este martes, según consta en el edicto judicial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre un plazo de un mes para que acreedores, empresas o entidades que mantengan créditos pendientes con la federación comuniquen sus reclamaciones a la administración concursal.
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