Altri no da por perdida la planta de celulosa y fibras textiles y presenta un informe «independiente» para demostrar que cumple la normativa europea ambiental

A pesar del archivo del proyecto Gama por parte de la Consellería de Economía de Industria por la falta de la conexión eléctrica, la enorme oposición social y que hasta ahora no ha conseguido ni un euro de los 250 millones de fondos públicos que consideraba imprescindible para levantarlo, Altri no da por perdida la guerra de su planta de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. En la recta final de los tres meses de margen que tenía para presentar alegaciones contra la decisión del departamento liderado por María Jesús Lorenzana, lo hizo finalmente. Y con sorpresa. Entre los «sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos» esgrimidos, según la compañía, está la «autosuficiencia energética» del proyecto. Que no necesita engancharse a la red de transporte de electricidad. Ahora pone sobre la mesa «un informe independiente» con el que, asegura, demuestra que cumple con todos los criterios medioambientales de la UE.

Greenfiber, la promotora de la planta integrada en el grupo papelero portugués, encargó a Bureau Veritas Inspección y Testing una evaluación «basada en la guía técnica de aplicación» del principio DNSH, las siglas en inglés de «Do No Significant Harm» («No causar un perjuicio significativo al medioambiente»). Está recogido en el Reglamento de Taxonomía de 2020 y tiene en cuenta seis objetivos: mitigación del cambio climático, adaptación a él, uso sostenible y protección de los recursos hídricos marinos, transición hacia una economía circulas, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Sin cumplirlo, no es posible acceder a ayudas vinculadas a Bruselas, como los fondos Next Generation.

«Dicho informe concluye que, en el ámbito de la evaluación realizada, es plausible considerar que el proyecto no va a causar un perjuicio significativo sobre los seis objetivos medioambientales establecidos por la normativa europea», defiende Greenfiber. Entre los principales indicadores estudiados están «un ahorro estimado del 99%» de las emisiones de gases de efecto invernaderos en la producción de lyocell (fibra textil semisintética de origen natural elaborada a partir de pulpa de madera de árboles como el eucalipto) y del 93% en el caso del proceso integrado con la disolución de pulpa de la madera. Remarca la «autosuficiencia energética» de la factoría «a partir del excedente de producción de celulosa, sin necesidad de suministro adicional de electricidad o gas natural».

El estudio, añade la compañía, pone en valor el diseño de las plantas de tratamiento de agua y efluentes «teniendo en cuenta posibles escenarios futuros de sequías o inundaciones» y la construcción de tres balsas de emergencia «destinadas a absorber picos de caudal en situaciones extraordinarias o de emergencia». Greenfiber destaca también lo que Bureau Veritas Inspección y Testing dicen de las medidas de eficiencia hídrica y reutilización de agua, uno de los asuntos más peliagudos, por la reducción del 91% en la demanda «frente a procesos convencionales». «Identifica la economía circular como uno de los pilares del proyecto Gama», subraya, y el diseño con las mejores técnicas disponibles para minimizar «la posible afectación a la calidad del aire y las posibles molestias asociadas a la emisión de olores».

Tramitación

Greenfiber vincula el análisis a la concesión del sello STEP de la Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en noviembre, «una etiqueta de calidad» otorgada por la Comisión Europea que, sostiene la promotora, «reconoce al proyecto de fibras textiles de Altri como una iniciativa estratégica para mejorar la competitividad industrial de la UE». Con estas dos bazas en la mano, la firma mantiene su intención de sacar la planta adelante. «El proyecto ve ratificado el cumplimiento con todos los estándares ambientales que exige la legislación europea, nacional y autonómica», destaca. Después de recibir el visto bueno en la Declaración de Impacto desde la Xunta, Greenfiber mantiene que «queda pendiente únicamente la resolución de la Autorización Ambiental Integrada, con la que se completaría la emisión de la totalidad de informes ambientales posibles para este proyecto».

Preguntada por FARO por si el sello STEP y el cumplimiento del principio DNSH son dos cartas en la manga para acudir a las autoridades europeas o, incluso, el Tribunal de Justicia de la UE si las administraciones autonómica y estatal le mantienen las puertas cerradas, la compañía prefirió no contestar.

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