La Fiscalía de Galicia respalda a Luís Villares: el traslado forzoso del juez de la sala de los casos de la eólica se hizo con «ausencia de criterios objetivos y precisos»

La Fiscalía Superior de Galicia muestra abiertamente su apoyo al juez Luís Villares tras su traslado forzoso desde la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), epicentro de la polémica judicial con el sector eólico por la paralización masiva de proyectos por la tramitación y el supuesto impacto irreversible al entorno. Tanto su salida como la de su compañera, María Dolores López López, se hizo con «ausencia de criterios objetivos y precisos» y «falta de motivación suficiente», asegura en un dictamen emitido tras el recurso de reposición presentado por la CIG en el marco de otro procedimiento abierto frente a la providencia del 19 de mayo de 2026 que acordó modificar la composición del tribunal y sustituir a la magistrada relatora inicialmente designada para el mismo en una fase avanzada de la tramitación.

El sindicato interpuso recurso de reposición al considerar que la modificación vulneraba el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y las garantías de independencia e imparcialidad judicial. El Ministerio Público indica en su dictamen que la modificación de la magistrada relatora es consecuencia del traslado forzoso de estos dos magistrados del alto tribunal gallego e indica que la cuestión apelada «no se limita» a una incidencia de organización interna o reparto de ponencias, sino que afecta a las garantías derivadas del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley. Otras organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también pusieron el grito en el cielo: la decisión muestra «graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial».

El traslado, según se argumenta en la resolución tras la entrada de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio, obedece a «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal. El Tribunal Supremo sacó tres sentencias en enero a raíz del pago del IBI por parte del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que vinculaban las posiciones públicas del magistrado durante su etapa política como líder de En Marea a la proyección de una duda objetiva sobre su neutralidad.

La Fiscalía hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo, que apunta que un juez no se puede apartar de los asuntos que tiene atribuidos «sin criterios objetivos suficientemente precisos, sin motivación adecuada y sin garantías aptas para excluir toda apariencia de arbitrariedad». Entiende que, en este caso, hubo «ausencia de criterios objetivos y precisos» para tomar la decisión, así como «falta de motivación suficiente» ya que esta fue «genérica y no individualizada» sin explicar por qué el traslado forzoso era necesario para preservar la imparcialidad del tribunal en todos los asuntos.

El dictamen señala que la alteración de la composición del tribunal «fue substancial» y las carencias de motivación y la ausencia de criterios objetivos pueden generar una «apariencia de influencia externa indebida» sobre la modificación de la composición y de arbitrariedad que «afectan a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial». El Ministerio Público concluye que debe estimarse el recursos de la CIG, que eleva al órgano judicial correspondiente para que sea resuelto, y revocar la providencia del 19 de mayo de 2026, que implica que la magistrada relatora originaria «debe seguir conociendo el asunto hasta su conclusión, salvo que concurra una causa justa de abstención o recusación».

Denuncias

A finales de mayo, la Fiscalía Superior de Galicia remitió a la del Tribunal Supremo las denuncias y documentación relativas a los cambios en la sección de eólicos del Tribunal Superior de Xustiza Así consta en un escrito de la Fiscalía gallega, con fecha del pasado 29 de mayo, remitido a los medios de comunicación por la CIG, que se encuentra entre los colectivos denunciantes. Tanto la CIG como la asociación ecologista Adega destacan en un comunicado que la Fiscalía Superior de Galicia acaba de comunicar a varios miembros de la coordinadora 'Eólica Así Non' que abrió «diligencias de investigación preprocesal» por este asunto.

Las denuncias eran por presunto delito de prevaricación ante los cambios realizados en las secciones de lo contencioso-administrativo del TSXG, en el contexto de la paralización de numerosos proyectos de parques eólicos por todo el territorio gallego.

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