Greenalia requiere al TSXG el desbloqueo de todos sus parques eólicos tras la victoria en el Supremo

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que desbloquea el parque eólico Bustelo da alas a Greenalia. Todo el sector tenía puestos los ojos en él porque fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la supuesta fragmentación artificial del proyecto. La instalación comparte parte de las infraestructuras de evacuación con otros dos parques de la misma compañía, Campelo y Monte Toural, y para la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG deberían haber pasado por un examen medioambiental conjunto para revisar todos los impactos. Pero el Supremo dijo que no. «El hecho de que se compartan determinados elementos no debe llevar, siempre e ineludiblemente, a la conclusión de que existe una fragmentación artificiosa de lo que debería haber sido un único parque eólico», recoge el auto, que, al igual que sucedió con el conflicto judicial alrededor de Campelo, avaló las autorizaciones de la Xunta.

«A raíz de este último pronunciamiento, la compañía ha requerido ya al TSXG para que dé continuidad a los procesos que permanecen pendientes», señala Greenalia en un hecho relevante remitido este martes al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Es una de las compañías afectadas por las decenas de proyectos eólicos suspendidos temporalmente como medida cautelar por el posible daño irreversible al entorno. Confía en que, «tras cuatro años de paralización», estos proyectos «puedan desbloquearse con rapidez» e iniciar la construcción «lo antes posible».

Greenalia fue una de las firmas del sector más combativa públicamente con la polémica con el TSXG. Llegó a lanzar un comunicado alertando de «la inseguridad jurídica que esta situación está generando en las empresas para el desarrollo de los proyectos industriales». «Una situación que está teniendo, entre otras implicaciones –añadió–, impacto en la ejecución de los PPAs firmados con las industrias, en los compromisos con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y también sobre la propia viabilidad económica de las empresas del sector». Señaló como responsable directamente al juez Luis Villares, ex líder de En Marea y entonces miembro de la sala del TSXG donde se concentran los casos.

La petición al TSXG no es el motivo principal de la comunicación al MARF. Greenalia acba de firma un préstamo de 145 millones de euros para refinanciar su planta de biomasa de Curtis. Tras la operación de julio del pasado año para costear el proyecto fotovoltaico de Misae II en Texas (EE UU), esta es la segunda de mayor volumen de la firma, ejecutada como un project finance totalmente suscrito por el banco corporativo francés Natixis. Le permitirá ahorrar 6,5 millones en gastos financieros al año.

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