Los transportistas reclaman al Gobierno las ayudas prometidas por el alza del precio de los combustibles

Los transportistas vuelven a alzar la voz contra el Gobierno por el retraso en el pago de las ayudas extraordinarias aprobadas para paliar el impacto de la escalada de los combustibles derivada del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Con el objetivo de hacer frente a la inflación provocada por la crisis internacional y reducir el impacto del incremento del coste energético en el poder adquisitivo de los ciudadanos, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-Ley que entró en vigor el pasado 21 de marzo y recogía un paquete de medidas de apoyo.

Entre las rebajas fiscales sobre los carburantes se encuentran la reducción del IVA (que pasó del 21% al 10%) y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Comisión Europea. Además, para aquellos profesionales que utilicen combustible en el desempeño de su actividad, como agricultores o transportistas, se estableció una bonificación adicional de 20 céntimos por cada litro de gasóleo aunque, tal y como asegura Belarmino Torrente, presidente de la Federación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetram), «a día de hoy no se nos devolvió ni un duro».

«En verdad no son 20 céntimos. Nos quitaron los 4,9 céntimos del gasóleo profesional, por lo que realmente serían 15,1 céntimos», explica. El retraso en los pagos deriva en una falta de liquidez que obliga a los trabajadores a adelantar el dinero de su propio bolsillo. Según asegura Torrente, «hay empresas paradas que no tienen dinero para echar gasóleo porque si antes tenían 4.000 euros de crédito mensual en la tarjeta, ahora necesitan 6.000 o 7.000 euros». Esta situación obliga a algunos transportistas a detener temporalmente su actividad cuando agotan el crédito disponible.

En ocasiones, el final es aún más trágico y «echar el cierre» se vuelve la única vía de salida. «Hoy cae uno, mañana otro y así vamos», denuncia Torrente. Según el Gobierno, el abono todavía no se ha hecho efectivo porque tiene que ser autorizado por la Comisión Europea y Bruselas todavía no habría dado luz verde al pago. «Se pasa pasan la pelota los unos a los otros y los pringados, los esclavos de la carretera, estamos 'a velas vir' y no nos llega el dinero», lamenta Torrente.

«Notamos lentitud en las medidas de ayuda y mucha rapidez en las subidas», subraya Ramón Alonso, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo). Según señala, el problema está en que «el sector lleva años cobrando lo mínimo posible». Apela así a una posible prórroga de las medidas tras la pérdida de su vigencia —prevista para el 30 de junio— porque, en caso contrario y si la situación no mejora en este mes, «seguirán cerrando empresas, no habrá quien pague impuestos y eso va en contra del país».

Por su parte, Alberto Vila, secretario general de la Unidade Galega de Transportistas Vieiros, considera que todavía es pronto para reclamar una nueva prórroga y apuesta por observar la evolución del mercado energético durante las próximas semanas. «No sabemos cómo acabará el precio del diésel a final de mes. Si el conflicto se estabiliza, lo normal es que siga bajando; si hay una escalada, el impacto para los consumidores será importante», advierte.

La incertidumbre también afecta a otros sectores dependientes del combustible. El presidente de la Asociación de Taxistas de la Provincia de Pontevedra, Javier Filgueira, reconoce que una retirada de las ayudas tendría consecuencias negativas. «Nos haría mucho daño, aunque no nos quedaría otra que asumirlo», concluye.

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