Oresa, del asfalto al precinto policial: así ha evolucionado la constructora investigada en la «operación Capitalpo»

Fue un miércoles, 27 de abril de 2005, cuando en el Polígono Industrial do Cachafeiro, en Forcarei, quedó constituida la empresa Obras, Reformas y Saneamientos SL. Tenía un amplio objeto social: desde la realización de construcciones y obras públicas y privadas hasta la recogida de basuras, gestión de parquímetros o instalaciones de saneamientos. Fue dotada con 6.000 euros de capital social, aportado por Juan Carlos Núñez (80%) y María del Carmen Campos (20%). El primero era el administrador único; la segunda firmaría las primeras cuentas anuales —con unas pérdidas de algo más de 17.000 euros, recuperadas casi íntegramente al año siguiente— en calidad de secretaria.

La compañía echó a andar con una cifra de negocios ya importante entonces, de cerca de 282.000 euros anotados entre mayo y diciembre, que irían medrando —también la plantilla— hasta rozar los 4 millones de euros en el año 2009, ya con el domicilio social ubicado en un entresuelo de la calle Gerona de Vigo. Los beneficios, que se irían destinando a reservas voluntarias, fueron reforzando de forma paulatina sus fondos propios, en paralelo a ampliaciones de capital. Obras, Reformas y Saneamientos, que no sería renombrada formalmente como Oresa hasta 2021, sufrió —como casi todas las firmas del sector— el frenazo en seco de la actividad durante la doble recesión. Juan Carlos Núñez pasaría a ser socio único; en el registro mercantil solo consta uno de sus hijos, Carlos —el segundo se llama Javier—, que ostentó durante un tiempo el cargo de apoderado.

Para acercarse a lo que hoy es Oresa Construcción y Servicios Globales hay que avanzar hasta el ejercicio anterior al covid, momento en que volvió a rebasar el umbral de los 3 millones de euros de negocio, en buena medida gracias a sus ofertas para contratos públicos lanzados, sobre todo, en la provincia de Pontevedra. El salto exponencial se produjo en 2023 de mano de actuaciones de humanización, saneamiento, pavimentación o asfaltado en Vigo, Cerdedo-Cotobade, Arbo, Vilaboa, Bueu o Gondomar. Su encargo de mayor relevancia, en cuanto al importe, lo ganó en Sanxenxo, para la humanización de la carretera PO-308 a su paso por Portonovo. El contrato inicial, dotado de 1,92 millones de euros, fue modificado al alza hasta los 2,2 millones, sin IVA. Este año duplicó ingresos, hasta casi 8,5 millones; no hay cuentas depositadas del ejercicio 2024 ni, aunque ha informado de su «insolvencia inmediata» a varias administraciones locales, no consta que haya iniciado negociaciones con acreedores (el antiguo preconcurso).

Transformación

En algún momento de estos últimos años, sin precisar por lo que ha trascendido de momento de la investigación y siempre según la información aportada por la Guardia Civil, esta empresa familiar creada por un matrimonio de Forcarei se integró en una «trama empresarial» ideada para ejecutar un «fraude masivo» utilizando contratos de renting o leasing de maquinaria industrial. Fuentes de toda solvencia conocedoras de las pesquisas apuntaron a FARO que se constataron «denuncias falsas de robo para hacer desaparecer los camiones y remolques». Desde Oresa no han respondido a la comunicación de este periódico para obtener su versión del caso, bautizado como Capitalpo.

«A mí me da pena por el padre», dice una persona que formó parte de la plantilla hasta hace unas semanas. Hoy, también de acuerdo al testimonio de una extrabajadora, solo queda «la contable». La Guardia Civil, que realizó dos detenciones —hay un tercero implicado, que consta como investigado— no ha ofrecido nueva información sobre el desarrollo de las diligencias, que siguen en marcha. El instituto armado ha explicado que esta trama tiene «conexiones con los casos de quiebra de varias empresas de congelados».

Oresa Construcción es filial de Oresa Participadas (antes Núñez Campos Inversiones SL), que ejerce de matriz del holding y de la que dependen también Oresa Asfaltos (hasta hace un año, Construcciones y Viales del Salnés, Covisa) y Patrimonial NCNC. Como administrador único consta el fundador de la constructora. En enero de 2025 Covisa se vio obligada a cerrar su planta de aglomerado asfáltico en Meaño por carecer de licencia municipal. En la calle Pontevedra de Vigo, así como en los trabajos para el nuevo firme del aeropuerto de Peinador, Covisa coincidió con otra compañía, de nombre Archan Kapital, si bien el administrador de esta última negó a FARO por escrito cualquier vinculación societaria.

El caso es que, según las mismas fuentes directas de la investigación, Archan es otra de las mercantiles investigadas dentro de la operación Capitalpo. Su sede está en Barcelona, desde donde, por otra parte —Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9—, se ha dirigido esta investigación. Tampoco desde esta última compañía han respondido a las preguntas de FARO.

Declive

Como han explicado a este periódico compañías proveedoras —ahora acreedoras— de Oresa, trabajaban con relativa normalidad hasta que «se cayó todo» hace al menos seis meses. Según indican desde la dirección en Vigo de una de ellas, con presencia en toda España, «quisieron tapar agujeros con compras a través de empresas paralelas», que sobre el papel no estarían bajo su control, para seguir con los trabajos porque «ya no se le adelantaba nada». Este mismo interlocutor, que coincide con el testimonio de una extrabajadora que también ha contactado con FARO, menciona dos sociedades ubicadas en Madrid —aunque refiere un teléfono de contacto de la provincia de Pontevedra— y Valencia.

«Nosotros hubo un momento en que dejamos de suministrarles. Tenían fama de ir al límite, pero cayeron muy rápido». Esta segunda empresa tenía una operación con Oresa de unos 50.000 euros; perdió solo una parte gracias a un seguro de caución. El último contrato que se adjudicó esta constructora, que tiene sede en Vigo —fue registrada en las diligencias ordenadas por la Capitalpo—, tiene fecha de finales de enero, de acuerdo a la Plataforma de Contratación del Estado: abonó los casi 18.000 euros requeridos de fianza al ayuntamiento de Campo Real, pero renunció a las obras y solicitó la devolución de ese importe, petición que le fue denegada.

La investigación, todavía abierta, ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, con el apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra. Han sido localizados e intervenidos un total de 14 camiones y remolques.

Suscríbete para seguir leyendo