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Investigación

Acreedores de Oresa aseguran que usaba «empresas paralelas» bajo su control para comprar materiales

Apuntan que era el mecanismo para seguir trabajando pese a impagar a proveedores

Extrabajadores: «Nos despidieron a todos»

Estado actual de las obras de reforma de la rúa Pazo, en Bouzas (Vigo), tras la renuncia de Oresa

Estado actual de las obras de reforma de la rúa Pazo, en Bouzas (Vigo), tras la renuncia de Oresa / Jose Lores

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Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Oresa Construcción y Servicios Globales tenía una amplia cartera de encargos, principalmente para administraciones públicas y asignados a través de concursos públicos. En el ejercicio 2023, el último del que hay cuentas depositadas en el Registro Mercantil, duplicó sus ingresos en comparación con el año anterior, hasta acariciar los 8,5 millones de euros. Hoy es insolvente, como ha reconocido frente a ayuntamientos como el de Vigo o Campo Real (Madrid), ha perdido contratos por al menos 5 millones de euros y, como desveló FARO, está en el epicentro de la denominada Operación Capitalpo, realizada por la Guardia Civil bajo la dirección de un juzgado de Barcelona por una «trama de fraude masivo» en el alquiler de vehículos industriales.

Para completar las obras —de pavimentación, humanizaciones o reformas de vías—, Oresa recurría a proveedores de piedra natural, tuberías de PVC o cobre, arquetas o rejillas. Trabajaban con relativa normalidad, apuntan a este periódico fuentes directas de dos empresas, hasta que «se cayó todo» hace al menos seis meses. Según indican desde la dirección en Vigo de una de ellas, con presencia en toda España, «quisieron tapar agujeros con compras a través de empresas paralelas», que sobre el papel no estarían bajo su control, para seguir con los trabajos porque «ya no se le adelantaba nada». Este mismo interlocutor, que coincide con el de una extrabajadora que también ha contactado con FARO, menciona dos sociedades ubicadas en Madrid —aunque refiere un teléfono de contacto de la provincia de Pontevedra— y Valencia.

De nuevo, ni los administradores de estas dos mercantiles ni sus NIF tienen coincidencia formal con Oresa, aunque sí concurrió a al menos un concurso público de la Xunta con una de ellas a través de una UTE. Este diario no ha recibido respuesta a los contactos tramitados con la constructora de Vigo ni con Archan Kapital, también implicada presuntamente en la misma trama fraudulenta, según fuentes del operativo.

«Nosotros hubo un momento en que dejamos de suministrarles. Tenían fama de ir al límite, pero cayeron muy rápido». Esta segunda empresa tenía una operación con Oresa de unos 50.000 euros; perdió solo una parte gracias a un seguro de caución. El último contrato que se adjudicó esta constructora, que tiene sede en Vigo —fue registrada en las diligencias ordenadas por la Capitalpo—, tiene fecha de finales de enero, de acuerdo a la Plataforma de Contratación del Estado: abonó los casi 18.000 euros requeridos de fianza al ayuntamiento de Campo Real, pero renunció a las obras y solicitó la devolución de ese importe, petición que le fue denegada.

Empleados

En esas cuentas de 2023 Oresa refería 37 operarios en plantilla. No obstante, como exponen dos personas extrabajadoras, ha liquidado a su personal. «Nos despidieron a todos menos a la contable. A algunos los querían pasar» a otra sociedad, precisamente una de las señaladas por acreedores como una de esas supuestas «empresas paralelas». «Lo único que pido es que nos paguen lo que nos deben», refiere otra.

La red fraudulenta, siempre según el instituto armado, «utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos financieros fraudulentos, cuyas cuotas dejaban de abonar mientras continuaban siendo explotados». Dos empresarios han sido detenidos y un tercero tiene la consideración de investigado. De acuerdo al comunicado oficial de la Guardia Civil, «se reveló que las empresas implicadas habrían utilizado sociedades sin actividad real para operar al margen de la legalidad y ocultar el verdadero destino de los vehículos» y «aparecieron conexiones de estas empresas con los casos de quiebra de varias empresas de congelados».

La investigación, todavía abierta, ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, con el apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra. Han sido localizados e intervenidos un total de 14 camiones y remolques.

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