Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama

Astilleros Cardama sigue trabajando. Pese a todo el ruido generado por el problema en Uruguay, país que rescindió el contrato de 82,2 millones para dos patrulleras y contra el que abrió un arbitraje internacional, la empresa viguesa culminó con éxito la obra con el oceanográfico luso Mário Ruivo, ya en el agua, y negocia por más carga de trabajo. Al otro lado del charco, una de las polémicas políticas sigue centrada en la situación con Cardama y el último en hablar de ella ha sido el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que lidera la defensa del Gobierno de Yamandú Orsi en el tema. En su última intervención, deslizó una acusación a Cardama sobre que no habría usado el dinero entregado por Uruguay para construir las patrulleras, al tiempo que reconoció la presentación de una oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones en Reino Unido.

Desde que estalló la situación con Cardama a finales de octubre de 2025 y, especialmente, desde que se hizo efectiva la rescisión del contrato el pasado 13 de febrero, responsables del Gobierno uruguayo han ido deslizando acusaciones contra el astillero vigués e impulsando la compra de otras unidades, muy necesarias para su Armada. La situación de las patrulleras británicas ya se avanzó en marzo, ya que el país sudamericano es uno de los interesados en hacerse con alguna (o algunas) de las tres unidades de las que se quiere desprender la Royal Navy: HMS Tyne, HMS Severn y HMS Mersey, construidas entre 2001 y 2003.

En una entrevista en la local Teledoce, Díaz confirmó que esta semana tenían que «presentar la nota en la embajada del Reino Unido manifestando nuestro interés en adquirirlas» y señaló que cada uno de los barcos tienen un valor de 20 millones de euros. «No son nuevas, pero tienen una vida útil de entre unos 20 y 25 años», aseguró.

El prosecretario también explicó que esta «es la posibilidad de tener rápidamente OPV», siglas en inglés para patrullera oceánica, pero también que siguen trabajando para hacerse con unidades nuevas. Ahí indicó que «seguramente será una compra directa», de país a país, y no con una licitación internacional. Una vía que ya anunció Uruguay en las últimas semanas, poniendo encima de la mesa incluso el nombre de Navantia, pero según pudo saber FARO, no hay nada con el astillero estatal de España.

En la misma entrevista, Díaz apuntó que ya se creó un grupo de trabajo en el Gobierno de Orsi para tratar el arbitraje internacional con Cardama, que lidera el prosecretario. «Todos los asesoramientos que tenemos en derecho internacional privado, derecho procesal, civil… Todos marcan claramente de que el arbitraje no sería procedente, que hay una cláusula de pacto de jurisdicción», indicó, que recordó que siguen trabajando en presentar una demanda en Uruguay para reclamar al astillero «la devolución de lo entregado [casi 29 millones de euros]; los daños y perjuicios y la entrega de lo construido hasta el momento».

Fue en ese momento en el que Díaz cargó contra Cardama. La empresa reclamó al país que retire la primera patrullera con varios bloques ya ensamblados y la quilla ya construida de sus instalaciones, pero el prosecretario dijo que «hay que tasarlo y ahí tenemos un problema». «Manejamos dinero público, se le entregaron 28 millones de euros y no sabemos en qué se gastaron. ¿Dónde están? En lo construido seguro que no», señaló.

«Sabemos que hay 2 o 3 millones de euros que el Estado pagó a la empresa para que los invirtiera en la construcción y los depositó como reaseguro para contratar el seguro de Redbridge», dijo en alusión a la garantía de reembolso contratada por Cardama, como exigía el contrato. Más tarde, Jorge Díaz matizó: «Tenemos la presunción de que el grueso del dinero no fue destinado a la construcción del barco».

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