El «caso Oresa» explota en una trama de fraude masivo de compra de maquinaria investigada desde Barcelona: «Nos dejó de pagar»

Hubo un tiempo en que la empresa Oresa Construcción y Servicios Globales (hasta agosto de 2021, Oresa Reformas y Saneamientos) constaba entre las postoras habituales en contratos de administraciones públicas para obras de pavimentación, humanizaciones o reformas. Con sede fiscal en la parroquia de Sárdoma, en Vigo, ha ejecutado trabajos en Vigo, Marín, Santiago, Baiona, Bueu, O Grove o Padrón. El pasado mes de enero se postuló para los trabajos de «acondicionamiento de las instalaciones exteriores de la piscina municipal» de Campo Real, en Madrid. Fue una de sus últimas ofertas, que ganó. Pero no llegó a sacar las herramientas: presentó un escrito renunciando al proyecto «debido a una situación sobrevenida de grave deterioro económico-financiero, que ha colocado a la empresa en un escenario de insolvencia inminente».

Pero lo que se presumía solo como un fuerte desequilibrio en la tesorería se ha revelado ahora como la punta del iceberg de un escenario mucho más complejo, toda vez que la Guardia Civil, en una operación dirigida desde un juzgado de Barcelona —Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9 de la Ciudad Condal—, ha situado a Oresa en el epicentro de una «trama empresarial dedicada al fraude masivo» a través de contratos de alquiler o renting de vehículos industriales. La red, siempre según el instituto armado, «utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos financieros fraudulentos, cuyas cuotas dejaban de abonar mientras continuaban siendo explotados». Dos empresarios han sido detenidos y un tercero tiene la consideración de investigado.

Efectivos de la Benemérita realizaron registros tanto en la sede de Oresa como en el domicilio de uno de los empresarios, en este caso en Pontevedra. Y además de la constructora también aparece en este entramado la sociedad Archan Kapital, como desveló FARO en su edición digital en fuentes de toda solvencia conocedoras del operativo. Esta última mercantil está registrada en Barcelona, pero su administrador único es pontevedrés. Este periódico ha podido contactar con un afectado de esta red en la ciudad catalana, donde también suscribía contratos de renting para maquinaria industrial. «Nos afectó, junto a nuestros partners financieros. Financió camiones y maquinaria y dejó de pagar». Otras fuentes consultadas apuntan a que se denunciaba el robo de camiones o remolques de forma fraudulenta, mientras se seguían utilizando para ejecutar obras. FARO ha contactado por escrito y con acuse de recibo con ambas sociedades, sin respuesta a cierre de esta edición.

Durante la operación, que nació el pasado octubre por la localización de un vehículo —por una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil— que constaba como sustraído, «se ha recuperado una importante flota de vehículos» valorada en más de 1,5 millones de euros. «La investigación —ha abundado la Dirección General de la Benemérita— reveló la existencia de contratos presuntamente falsificados, firmas que no coincidían con sus titulares reales, domicilios ficticios y cláusulas incumplidas de forma sistemática».

Ramificaciones

Oresa Construcción y Servicios Globales es una filial de Oresa Participadas, de cuya matriz constaban como vinculadas firmas como Oresa Asfaltos (hasta el pasado verano, Construcciones y Viales del Salnés) o Patrimonial NCNC. Archan Kapital, por su parte, compartía NIF (número de identificación fiscal) con la denominación social de Seatuna (B42768291), cuya web ha sido editada para retirar esta referencia. El dominio de esta última marca, seatuna.es, fue dado de alta el 25 de abril de 2022 con Eusebio Novas como titular, como atestigua Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. Este empresario no consta como detenido ni como investigado en esta operación, bautizada como Capitalpo.

De acuerdo al comunicado oficial de la Guardia Civil, «se reveló que las empresas implicadas habrían utilizado sociedades sin actividad real para operar al margen de la legalidad y ocultar el verdadero destino de los vehículos» y «aparecieron conexiones de estas empresas con los casos de quiebra de varias empresas de congelados».

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, con el apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra. Han sido localizados e intervenidos un total de 14 camiones y remolques.

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