Los cajeros y los «ofibuses» mitigan la exclusión financiera por el cierre de sucursales en Galicia, donde hay cuatro concellos y 3.600 personas sin ningún servicio presencial

Galicia tenía a finales del año pasado 984 sucursales bancarias abiertas. Menos de las que había hace medio siglo, cuando el Banco de España empezó a recopilar los datos. A pesar del freno en los cierres en los últimos años, la comunidad perdió el 61% de las oficinas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la oleada de fusiones entre entidades para capear la gran recesión global de 2008. Se clausuraron 1.555 en todo este tiempo. Una tendencia generalizada en el país, con el agravante aquí de que la reestructuración del sector se llevó por delante el fatídico matrimonio forzado de las dos cajas de ahorros y el Pastor, pulmones del sistema financiero regional.

«La dotación y localización de los servicios bancarios, así como sus canales de acceso, han experimentado una profunda transformación en España en las últimas décadas», reconoce el supervisor en en su Informe de Inclusión Financiera publicado este martes. La transformación por el lado de la oferta se ha visto impulsada por la bajada de persiana en masa a las oficinas y la irrupción de la banca digital; en la demanda afectan la nueva realidad demográfica –el envejecimiento de la población y los movimientos migratorios– y «las características y preferencias de los propios usuarios». Cambios «estructurales» que «exponen a ciertos colectivos sociales a riesgos de exclusión financiera», sobre todo las personas mayores, con menos competencias en el online, y las residentes en áreas rurales.

Hay 54 concellos de Galicia con 65.263 vecinos que carecen de una sucursal. Teniendo en cuenta los que sí tienen acceso a un cajero gracias al convenio de Abanca con la Xunta y a la incorporación de este tipo de dispositivos en instalaciones de Correos, el número de municipios con déficit de atención financiera baja hasta los 6 y el de habitantes se sitúa en 4.466. De estos, 4 ayuntamientos y 3.632 personas tampoco cuentan con algún otro medio alternativo, principalmente los ofibuses. Aunque el total de población excluida en la comunidad se disparó el 51% en 2024 –en 2023 eran unas 2.400 personas–, la evolución desde 2021 aflora una notable mejora con una caída del 39,4% en los vecinos sin acceso a servicios bancarios presenciales.

«En Galicia se ha reforzado la cobertura de los servicios bancarios presenciales, cubriendo más municipios y población, aunque la red se ha mantenido más o menos estable», explica el Banco de España. Eso sí, las mejoras «han sido moderadas», matiza el organismo gobernado por José Luis Escrivá, «puesto que la comunidad autónoma ya contaba con una fuerte penetración bancaria».

En todo el país, la accesibilidad a los servicios financieros avanzó «de forma significativa» en un contexto todavía de tijera a la red comercial convencional. Algo más de 600 municipios, la mayoría con menos de 500 habitantes, pasaron a contar con algún tipo de atención presencial. Como ocurre en Galicia, por los famosos ofibuses. Los puntos de acceso en los ayuntamientos más pequeños crecieron el 55% con la entrada en operación de 712 oficinas móviles y 175 cajeros fijos.

Diferencias territoriales

Casi un tercio de los ayuntamientos, alrededor de 2.600, no disponen de acceso presencial a los servicios bancarios tras una caída del 18,7% en comparación con 2021. Los ciudadanos afectados, por debajo del medio millón, representan el 0,9% del total de habitantes (1,4% en 2021). Mientras en Madrid y Murcia todos los ayuntamientos tienen al menos una oficina en funcionamiento, Castilla y León y Aragón concentran la mayor cantidad de municipios sin ella: 1.926 y 447, respectivamente.

El Banco de España apela a extender el uso de los ofibuses, todavía «minoritario». El riesgo de exclusión financiera contrasta con el enorme peso del efectivo como principal modo de pago. Fue utilizado por el 57% de la población española en 2025, en un contexto de canales digitales en expansión.

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