García Costas abandona el consejo de Astilleros Cardama en pleno conflicto con Uruguay

José García Costas deja el consejo de Astilleros Cardama. El empresario vigués ha decidido dar un paso a un lado en medio del conflicto que la firma mantiene con Uruguay tras la rescisión del contrato de 82,2 millones de euros para la construcción de dos patrulleras oceánicas. De hecho, la decisión se ha conocido solo unos días después de que se hiciera público que Cardama ha iniciado un arbitraje internacional para solucionar sus diferencias con el gobierno del país sudamericano. «Es lo mejor para mí y para el grupo», explica a este medio el veterano industrial dueño de Emenasa, que alude a una decisión que ya había sido comunicada a la familia Cardama. «Lo han entendido», resume.

Cardama arrastra desde octubre un problema vinculado al contrato logrado en 2023 con la Armada de Uruguay, que además de ser el más importante de su historia suponía entrar en el negocio de las patrulleras OPV (offshore patrol vessels) en un momento clave en el nicho de la defensa. El Ejecutivo que dirige Yamandú Orsi acusó de presunta estafa al astillero al detectar problemas con la garantía de fiel cumplimiento (la empresa con la que se firmó, Eurocommerce, resultó no existir) y anunció la intención de rescindir el contrato, algo que ejecutó el pasado 13 de febrero.

Ante la situación, Cardama decidió la semana pasada llevar el proceso a la Corte Internacional de Arbitraje (ICC) de París, a donde no quiere llegar bajo ningún concepto un Orsi cuya gestión sufre una fuerte desaprobación entre los uruguayos, según las últimas encuestas.

Y en medio de esta situación, García Costas decide dejar el consejo de la atarazana, movimiento que fue publicado de forma oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este lunes. En él se señala la dimisión del empresario como consejero de Francisco Cardama SA, nombre oficial del astillero olívico. Preguntado por ello, el vigués que dirige un holding con 13 compañías vinculadas a la industria naval reconoce que la decisión está motivada por la situación de Cardama con Uruguay, que en breve prevé plantear una demanda por daños y perjuicios para intentar recuperar los casi 29 millones de euros ya invertidos en las patrulleras, a medio construir en Vigo.

«No es un tema que se vaya a resolver fácil y rápido», opina García Costas respecto al proceso abierto, sobre el que «aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar». El empresario explica también que «una persona que está en el consejo tiene una responsabilidad añadida» y recuerda que «el futuro puede deparar muchas cosas», pero que mantendrá las participaciones que tiene en el astillero (casi el 40% de la empresa, segundo accionista tras Imbeira SL, de Mario Cardama).

Conversaciones con el Gobierno de España

Desde Astilleros Cardama continúan guardando silencio y mientras no se resuelve si se admite o no el proceso de arbitraje internacional, la firma sigue reclamando a Uruguay que retire de sus instalaciones los bloques ya ensamblados y todo lo relacionado con el proyecto. En este contexto, el secretario de Presidencia del país sudamericano, Alejandro Sánchez, dijo en una entrevista con el programa de radio local En Perspectiva que están negociando con la firma olívica «retirar lo que está construido porque es propiedad del estado uruguayo». «Nosotros queremos hacer una auditoría; hay que si lo que pagamos está ahí», añadió.

A mayores, el secretario recordó que está «en conversaciones con el Gobierno de España» para que Navantia sea «parte, de alguna manera, de la revisión de lo que hay ahí construido y si se puede hacer algo con ello». «Estamos hablando con algunas de las ofertas que estamos recibiendo con la posibilidad de continuar la construcción», indicó.

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