El metal de Pontevedra cierra un preacuerdo «histórico» con un alza salarial del 15%

Cuatro meses han pasado desde aquel martes 13 de enero en el que las patronales del metal (ATRA, Asime e Instalectra) se reunían por primera vez con los sindicatos para negociar las condiciones del nuevo convenio provincial del sector en la provincia de Pontevedra. Un acuerdo en el que estaba en juego el futuro de más de 33.000 trabajadores. Hoy, después de tres intensas jornadas de huelga, al fin se ha llegado a un preacuerdo por parte de CC OO y UGT, mientras que CIG lo rechaza. Ambas partes lo han firmado esta misma tarde. Las asambleas sindicales deberán ratificarlo, en principio, el próximo lunes. Se desactivarían así las manifestaciones en la feria de Navalia ya que, según informan fuentes sindicales a FARO, la central nacionalista no contaría con los permisos necesarios para protestar ante el Ifevi de manera individual.

El preacuerdo incluye una subida conjunta de los sueldos del 15% durante los cuatro años que estaría en vigor el convenio, repartida de la siguiente manera: un alza del 5% en 2026, un 4% en 2027 y un 3% respectivamente en 2028 y 2029. A ello se suma un 1% adicional que recibirán los oficiales de primera, que hasta ahora cobraban lo mismo que los oficiales de segunda.

Para evitar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores se contempla una cláusula de garantía salarial sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC), sin tope este año y de hasta un 2,5% para los siguientes ejercicios. Los astilleros, varaderos y centros de reparación naval estarán además obligados a abonar uno de los conceptos de trabajos especiales (toxicidad, penosidad o peligrosidad), y deberán tener jornada intensiva al menos en el mes de julio.

El pacto provisional también incorpora la subrogación para las empresas eólicas y de telecomunicaciones; un día más de vacaciones, hasta los 24 laborables; y una reducción de ocho horas en 2027, dejando el total anual en 1.752.

«Estamos ante un convenio histórico no solo por ser el más rápido en ser firmado, sino por el contenido, que es el mejor de los últimos 20 años», avanzó el secretario general de CC OO Industria Vigo, Celso Carnero, en un mensaje remitido a los medios.

Un tenso camino

El transcurso de estos meses no fue un recorrido fácil, más bien todo lo contrario. Estuvo marcado por tensiones constantes entre las empresas y los representantes de los trabajadores que culminaron en el «último recurso», tal y como definía Cristian González, portavoz de UGT: la huelga. En concreto, fueron tres las jornadas de paro en las que las tres centrales sindicales se pusieron de acuerdo y unieron fuerzas para luchar por un «convenio digno y de referencia».

Previamente a esta decisión, las patronales habían dado un ultimátum poniendo encima de la mesa una propuesta que incluía una subida salarial de un 14,5% (un 5% en este mismo año) con una actualización del IPC topada al 2% para un acuerdo de vigencia de cuatro años. Así, aumentaron un punto y medio el porcentaje ofrecido en la cita anterior. A cambio, suprimían la diferenciación económica entre oficial de primera y de segunda. A mayores, Asime, ATRA e Instalectra también se mostraron dispuestas a trasladar la reducción de ocho horas de jornada anual al 2027, en lugar de 2028, entre otras mejoras que los sindicatos tildaron de «insuficientes», rechazando así la última oferta. «Resulta incomprensible», señalaban las patronales, lamentando que no se hubiese alcanzado la firma de un preacuerdo a esas alturas.

Desde CC OO, aspiraban a un aumento de sueldos del 16%. Argumentaban que con la incertidumbre a nivel internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, la cifra ofertada por la parte empresarial no garantizaba el poder adquisitivo de las plantillas. Reclamaban también avances en materia de condiciones laborales, exigidos a su vez por UGT y CIG. Situaban como «mínimos necesarios» para la firma la posibilidad de realizar jornada continua durante la temporada estival para paliar el estrés térmico al que se someten los trabajadores —especialmente los del sector naval—, la subcontratación o el pago de complementos por toxicidad, penosidad y peligrosidad. Unos requisitos que finalmente se recogen en el preacuerdo.

Contrariamente, las empresas aseguraban que las condiciones se habían mejorado «muy notablemente» y que se podía «estar perdiendo una oportunidad única». Advirtieron de que, en caso de no aceptar la propuesta, rebajarían su oferta. Ante esta falta de avances y, en consecuencia, de consenso entre las partes, CC OO y UGT decidieron apoyar la huelga que la CIG había convocado unilateralmente el jueves 7 de mayo y anunciaron dos paros más los días 13 y 14 de manera conjunta, tras una docena de reuniones sin éxito. Posteriormente, también confirmaron tres jornadas más de manifestaciones el 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia). Los trabajadores del comercio del metal, que también están peleando por un nuevo convenio laboral, se unieron a las jornadas de paro en una lucha conjunta.

Después, del «éxito total» de las tres primeras huelgas, que paralizaron la producción de las empresas, las patronales convocaron a los sindicatos a una nueva mesa negociadora este viernes, la número 14. Fue la decisiva.

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