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Los casos similares (y recientes) al arbitraje de Cardama con Uruguay

En 2010 el astillero BAE Systems inició un arbitraje contra Trinidad y Tobago por cancelar el contrato con tres patrulleras oceánicas: terminó por acuerdo en noviembre de 2012

La patrullera oceánica Amazonas, encargada a BAE por Trinidad y Tobago, pero que tras un arbitraje acabó en Brasil

La patrullera oceánica Amazonas, encargada a BAE por Trinidad y Tobago, pero que tras un arbitraje acabó en Brasil / BAE

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Más allá del caso vivido en el naval vigués con Naviera Armas y el ferri encargado a Hijos de J. Barreras, existen casos en el arbitraje internacional que tienen ciertas similitudes al iniciado por Astilleros Cardama contra el Estado uruguayo o que son recientes. Algunos también vinculados a patrulleras como las que iba a construir la empresa viguesa.

Uno de los precedentes más parecidos es el encontronazo que tuvieron otro país americano, Trinidad y Tobago, con un astillero europeo, BAE Systems, y con el mismo producto en discordia, patrulleras oceánicas. Según recuerda el despacho vigués Gándara Moure, en aquel caso la nación caribeña contrató tres OPV (offshore patrol vessel) de 90 metros de eslora y 2.200 toneladas que más tarde canceló «alegando retrasos y deficiencias técnicas».

Como en el caso de Cardama, la empresa constructora inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje (ICC, por sus siglas en inglés) con sede en París. Aquello fue en 2010, el gobierno formuló contrarreclamaciones y tras las audiencias el conflicto terminó por acuerdo en noviembre de 2012. Los barcos, finalmente, acabaron en Brasil a cambio de 133 millones de libras, unos 153 millones de euros al cambio actual. Es decir, a 51 millones cada unidad, diez más que las que construía Cardama, que eran más pequeñas.

«Ese caso es útil porque tiene varios paralelismos: patrulleras oceánicas, Estado comprador, astillero extranjero, cancelación contractual, alegaciones de demoras/defectos y arbitraje ICC», estima el bufete vigués, que recuerda que además culminó con «una salida comercial» como fue la de Brasil, «frecuente cuando los buques ya están construidos o avanzados».

Otro caso útil en lo que tiene que ver con las cuestiones jurisdiccionales, ya que Uruguay quiere dejar el litigio en Montevideo, es el que se vivió en el caso de Mozambique contra Privinvest. «Allí hubo contratos de suministro vinculados a proyectos marítimos y acusaciones de sobornos/fraude; la discusión ante la Corte Suprema británica se centró en si las reclamaciones de Mozambique quedaban dentro del alcance de cláusulas arbitrales», refiere el citado despacho, que recuerda que «la Corte analizó precisamente el problema de qué cae dentro y qué queda fuera de una cláusula arbitral», parecido al eje jurídico que Uruguay plantea frente a Cardama.

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