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Cardama inicia un arbitraje internacional contra Uruguay por las patrulleras

La rescisión del contrato de 82,2 millones se decidirá, si se estima, en la Corte Internacional de Arbitraje de París

El astillero guarda silencio y el Gobierno del país sudamericano se muestra «con mucha tranquilidad» y tilda la medida de «débil»

Vista de los bloques ensamblados de las patrulleras oceánicas encargadas al Astilleros Cardama que fueron cancelador por Uruguay.

Vista de los bloques ensamblados de las patrulleras oceánicas encargadas al Astilleros Cardama que fueron cancelador por Uruguay. / Pablo Hernández Gamarra

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El caso de Astilleros Cardama con Uruguay por la rescisión del contrato de 82,2 millones de euros se dirimirá en un arbitraje internacional. Después de haber frenado la demanda en la justicia uruguaya, con el ánimo de explorar otros frentes para su defensa, la empresa viguesa ha optado por iniciar esta medida en la Corte Internacional de Arbitraje. Será en París, como recoge el contrato y si se estima pertinente, donde se decidirá cuál de las partes tenía razón en este conflicto tras la cancelación unilateral de las dos patrulleras oceánicas ejecutada por el Gobierno que dirige Yamandú Orsi.

El pasado 13 de febrero el presidente de Uruguay anunció la rescisión definitiva del encargo ya iniciado en la fábrica olívica, momento en el que el Gobierno charrúa también activó acciones por daños y perjuicios. Desde ese momento, la postura de Cardama fue la de dejar actuar a la justicia y guardar silencio, salvo cuando contestó a la comunicación que recibieron por parte del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) uruguayo informándoles de la rescisión. Un escrito en el que calificaban la decisión de «totalmente ilegítima» y exigían la retirada de los barcos a medio construir de su astillero.

El nuevo paso de Cardama pasa ahora por la Corte Internacional de Arbitraje, según publicaron varios medios uruguayos y fue confirmado por FARO. Un movimiento que ya ha sido comentado por el Ejecutivo de Orsi, cuyo secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el Gobierno está «con mucha tranquilidad» porque, a su juicio, el proceder uruguayo fue «apegado al derecho y a la defensa del erario público».

«Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional porque tiene que agotar la vía nacional primero. En este caso la empresa, el proveedor, decidió no recurrir esa decisión. Y creo que no lo hizo porque el estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad», zanjó en declaraciones a los medios tras un acto de homenaje al expresidente José Mújica.

En lo que respecta al caso en la justicia de Montevideo, está encallado desde hace meses: la Fiscalía lleva semanas pidiendo información a presidencia para poder iniciar la investigación. De hecho, el medio El País (de Uruguay) cita este miércoles fuentes de la administración uruguaya que reclaman al Ministerio de Defensa que activa las reclamaciones por daños y perjuicios.

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