La dificultad para lograr la firma de «un convenio de referencia»: ultimátum empresarial, amenazas de huelga y el futuro de 30.000 trabajadores en juego

Once reuniones han pasado ya desde aquella primera cita del martes 13 de enero, cuando las patronales (Asime, Atra e Instalectra) y los sindicatos (CC OO, UGT y CIG) se reunieron para negociar las condiciones del próximo Convenio Colectivo para Empresas del Metal sin convenio propio de la provincia de Pontevedra. El acuerdo es considerado uno de los más relevantes en Galicia, ya que afecta a alrededor de 30.000 trabajadores.

En ese primer encuentro, las centrales sindicales expusieron ante el empresariado sus plataformas, donde se detallaban las propuestas y reivindicaciones sociales exigidas, aunque finalmente optaron por presentar un documento redactado conjuntamente. Entre los mínimos que reclamaban para un convenio de una vigencia máxima de tres años se encontraban: una subida salarial en función al IPC más un 5%; la reducción de la jornada laboral a 1.712 horas; la diferenciación económica de las categorías profesionales; la adopción de medidas para paliar el estrés térmico al que se someten los trabajadores del sector naval especialmente durante la temporada estival; o los complementos por penosidad, toxicidad y peligrosidad.

En cuanto a la propuesta realizada sobre incremento de los sueldos, en un principio la patronal se mostró dispuesta a ofrecer un aumento del 11%, llegando hasta el 13% junto con una diferenciación económica del 1,5% entre el Oficial de primera y de segunda. La última oferta que puso encima de la mesa fue un alza acumulada del 14,5% con una revisión de acuerdo al IPC hasta un máximo del 2%, pero eliminando la distinción de clasificación profesional. Por contra, las centrales consideran que teniendo en cuenta la situación internacional actual derivada del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el porcentaje no es suficiente como para garantizar que los trabajadores no perdiesen poder adquisitivo durante los cuatro años de vigencia del convenio (de 2026 a 2029) debido a la inflación, que en este mes de abril se sitúa ya en el 3,2% en la comunidad.

Ante esta incertidumbre, otra de las opciones que se barajaron fue la posibilidad de establecer un «convenio de transición» de dos años de duración, pero con menores mejoras. También ofrecieron una reducción de ocho horas anuales a partir de 2027 y un día más de vacaciones desde este mismo año (pasando a ser 24), mientras que las centrales solicitaban una disminución de la jornada laboral a 1.712 horas anuales a las que aspira el Gobierno –una media de 37,5 horas de trabajo por semana–.

El preacuerdo que espera firmar el empresariado incluye un plus de 50 euros para trabajadores desplazados en zonas de guerra; ciertas licencias como la disposición de 12 horas anuales para asistir a médicos y especialistas para los trabajadores en turno de noche, con un máximo de cuatro horas al día o estudiar la viabilidad de incluir medidas frente a condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, los sindicatos todavía consideran que hay aspectos a los que no se puede renunciar, como son la subrogación de empresas auxiliares, la regulación de los contratos fijos discontinuos, la posibilidad de realizar jornada continua durante los meses de verano debido al estrés térmico o el pago de complementos por toxicidad, penosidad y peligrosidad.

La negociación no estuvo libre de obstáculos. Ya la tercera reunión se canceló debido a una manifestación a las puertas del Hotel Coia, donde se reunían ambas partes por el bloqueo en el acuerdo provincial del comercio del metal, un convenio diferente pero en que estaba involucrada una de las empresas, Atra. CC OO tildó la actuación de «irresponsable», argumentando que «bloquea cualquier avance y desprecia a los trabajadores del sector». Como consecuencia, las patronales se pasaron a la videoconferencia temporalmente. Tras la finalización de cada reunión, los sindicatos siempre salían con la misma impresión: «muy pocos avances» e «inmovilismo» por parte de la patronal.

Ultimátum y movilizaciones

Debido al «profundo malestar» por no alcanzar consenso, el 21 de abril –un día antes de la décima cita– CIG convocó una jornada de paro para el 7 de mayo. Este movimiento «individual» fue criticado por el resto de centrales, que defendían que las movilizaciones se deberían organizar de manera conjunta. CC OO habla ya una huelga indefinida que espera que sea secundada por el resto de compañeros al no haber llegado a un preacuerdo a estas alturas y tras el ultimátum de las empresas de firmar o retirar la oferta.

«No tenemos ningún tipo de exclusión con nadie. Entendemos que tiene que haber una respuesta en el sector y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente», responde Xulio Fernández, representante de CIG. Por su parte, UGT también tiene claro que las concentraciones se deben de realizar de forma unitaria. «Lo importante es demostrar la fuerza y eso se hace de forma conjunta porque al final el rival es la patronal y no los sindicatos», alega su portavoz Cristian González.

Absentismo laboral

Desde un primer momento, Enrique Mallón, portavoz general de la parte empresarial, confesaba que se valorarían las plataformas de convenio expuestas por los sindicatos «prestando especial atención a la competitividad y a la productividad de las empresas». En concreto, expresó su preocupación por encontrar una solución al absentismo laboral o falta de profesionales cualificados en el sector, lo que calificó como «una auténtica lacra».

Ante esta problemática, las centrales insistían en que para atraer personal cualificado las condiciones laborales debían ser llamativas. Por ello, subrayaban que había unos requisitos mínimos a los que no se podía renunciar para conseguir un «convenio de referencia» que beneficiase a los trabajadores y trabajadoras del sector.

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