La denuncia contra Cardama encalla en la justicia de Uruguay seis meses después

El pasado 23 de octubre el Gobierno de Uruguay, con su presidente Yamandú Orsi a la cabeza, realizó una rueda de prensa para anunciar su intención de rescindir el contrato con Astilleros Cardama. El astillero vigués estaba entonces en plena obra de las dos patrulleras oceánicas firmadas por 82,2 millones de euros, con la primera ya encarrilada en sus instalaciones. Aunque la rescisión unilateral no se hizo efectiva hasta casi cuatro meses después, el equipo de Orsi ya se había apresurado a presentar denuncias por supuestas irregularidades ante la Fiscalía del país sudamericano. Sin embargo, seis meses después el proceso no ha avanzado: la fiscal encargada del caso lleva semanas pidiendo información a presidencia para poder iniciar la investigación, unos datos que no llegan.

Solo dos días después de la rueda de prensa del pasado octubre, el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, acudieron a la Fiscalía General de su país para presentar la denuncia civil y penal. Ante las cámaras congregadas para la ocasión, hablaron de «un posible fraude o estafa al Estado» por parte de Cardama, aludiendo a una garantía de reembolso que no existía. Se trataba de la que firmó el astillero con EuroCommerce, validada en su momento por el anterior gobierno uruguayo (del partido que hoy está en la oposición), pero que se trataba de empresa que resultó no existir. De hecho, la empresa viguesa también cursase denuncia por estafa ante los mediadores.

Ahora el medio local El Observador publica que el fiscal Alejandro Machado, de la fiscalía de Delitos Económicos, está esperando a que Orsi y su equipo aclaren los puntos requeridos para poder iniciar la investigación, ya que la denuncia presentada no señalaría los posibles hechos delictivos y tampoco identificaría a los supuestos responsables. Es decir, sin avances, pese a que precisamente Jorge Díaz fue durante diez años fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y pese a que desde que se presentó la denuncia Uruguay canceló formalmente el contrato con Cardama.

Comisión

Por otro lado, la polémica con este contrato continúa en el país sudamericano. Allí el partido del gobierno (Frente Amplio) y la oposición (con el Partido Nacional como cabeza más visible) siguen enzarzados en la comisión parlamentaria que investiga la adjudicación. El último en pasar a prestar declaración fue el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, que lideraba el cuerpo cuando se adjudicó el pedido.

Su declaración ha tenido lecturas positivas para unos y negativas para otros. Entre otras cosas, aseguró que Cardama figuró entre los tres finalistas (junto a un astillero de Colombia y la francesa Kership) y que lo eligió porque «era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las ofertas de las otras unidades», además del precio más bajo y plazos de entrega más cortos. Sobre el contralmirante Gustavo Musso, que se retiró de la Armada tras discrepar de la elección de Wilson, el excomandante dijo que creía que no había sido «realmente objetivo» y que «fue presentado con posterioridad» a que elevase su decisión ante el entonces ministro de Defensa, Javier García.

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