Luís Villares recurre en el Poder Judicial su traslado de la sala que lleva los casos de parques eólicos

El magistrado Luís Villares ha presentado un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Lo ha confirmado un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia a Europa Press. La organización, a la que está asociado el propio Villares, también presentó su propio recurso por el cambio, incluido el de los otros tres magistrados.

Considera que estas decisiones «adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial». Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado «sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados» entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera. En el caso de Villares argumentó la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal. No menciona expresamente el conflicto eólico, con decenas de proyectos suspendidos de forma cautelar por el supuesto impacto ambiental, ni tampoco otra razón en concreto. Pero en enero el Tribunal Supremo revisó tres sentencias de la sala del TSXG donde estaba Villares vinculadas al hospital vigués Álvaro Cunqueiro. Sin entrar en el fondo de los asuntos, concluyó que las posiciones públicas del magistrado durante su etapa política como líder de En Marea, demandando que el mencionado hospital pagase el IBI, podían proyectar una duda objetiva sobre su neutralidad.

«Sin motivos claros»

Juezas y Jueces para la Democracia sostienen que se llevó a cabo con «una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla», «incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites» que, según Juezas y Jueces para la Democracia, «no se atienden en el presente caso». Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de «motivos claros y criterios objetivos» que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, «es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros», que, en su opinión, «ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías». «La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar», apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH. Defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para «actuar en defensa de la independencia judicial».

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho «robusto» conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

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