El plan para la vivienda del Gobierno prevé invertir 400 millones de euros en Galicia

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que triplicará la inversión hasta los 7.000 millones de euros y prevé blindar la protección permanente de las viviendas financiadas con estos recursos estatales. Un megaprograma de ayudas que asigna 400 millones de euros a la comunidad gallega para financiar la construcción de promociones de vivienda asequible, la rehabilitación de bloques y ayudas a jóvenes, inquilinos, compradores o la regeneración urbana y rural. «Una inversión histórica», según destacó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, basó el plan en tres pilares: blindar el parque protegido de forma que cualquier vivienda financiada con fondos del programa deberá conservar su condición a perpetuidad, lograr corresponsabilidad con las comunidades autónomas para triplicar la financiación —algo que finalmente no se ha alcanzado, ya que todos los fondos serán aportados por el Estado— e implantar un sistema único de información y gestión de datos. «El plan da una respuesta estructural al problema, donde no valen parches ni varitas mágicas, que blinda el carácter permanente público de las viviendas y garantiza que ni un euro de esta financiación vaya a ir dirigida a la especulación, sino a garantizar el derecho a la vivienda», explicó Rodríguez al término del Consejo de Ministros.

Para Blanco, se trata de «fondos récord» que vienen a reforzar «la capacidad de actuación de la comunidad autónoma y de los concellos» en lo que definió como «un cambio de enfoque» ante el problema de la vivienda. «Hoy hay más financiación, más instrumentos y más apoyo que nunca para desarrollar políticas públicas de vivienda», insistió el delegado del Gobierno, que recordó que «ahora le toca a la Xunta» para ponerlos en marcha con «voluntad y agilidad por su parte». «Porque los recursos están ahí», señaló.

Este plan que llega con más cuatro meses de retraso —ya que el Ejecutivo se comprometió sin éxito a tenerlo aprobado antes de finales de 2025— contó en su fase inicial con una fuerte oposición por parte de algunas comunidades autónomas, que acusaron al Ministerio de Vivienda de no haberlo negociado. Tras ese primer borrador, el Gobierno incluyó algunos de los reclamos de las regiones, pero no ha logrado un gran respaldo. Asociaciones como los sindicatos de inquilinas o los administradores de fincas lo tachan de «estar alejado de la realidad» o de contar con un presupuesto «ridículo».

Sobre el consenso en torno al programa, la ministra ha defendido que su cartera ha mantenido 28 encuentros para conformar redacción final con las comunidades autónomas y ha incorporado en gran medida las 400 aportaciones realizadas por el sector en las diferentes fases. Las primeras reacciones, por el momento, no son positivas: el Sindicato de Inquilinas criticó el importe diciendo que «se trata de un nivel de ambición ridículo» que, en la práctica, «no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda»; la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) también hizo hincapié en que «el volumen de recursos previsto representa un avance, pero sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema»; el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) ha advertido del «desfase existente» entre los objetivos del PEV y la realidad de la rehabilitación energética en España, mientras que la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) cree que el plan nace con «importantes limitaciones».

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