El Gobierno aprueba su plan para invertir 7.000 millones en vivienda y garantizar el blindaje de la VPO con medidas 'antifraude'

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que triplicará la inversión hasta los 7.000 millones de euros y prevé blindar la protección permanente de las viviendas financiadas con estos recursos estatales. Este 'megaprograma' que diseña todo el marco de ayudas —respaldado al 60% por el Estado y al 40% por las comunidades autónomas— financiará la construcción de promociones de vivienda asequible, la rehabilitación de bloques y ayudas a jóvenes, inquilinos, compradores o la regeneración urbana y rural.

Este plan que llega con más cuatro meses de retraso —ya que el Ejecutivo se comprometió sin éxito a tenerlo aprobado antes de finales de 2025— contó en su fase inicial con una fuerte oposición por parte de las comunidades autónomas, que acusaron al Ministerio de Vivienda de no haberlo negociado. Tras ese primer borrador, el Gobierno incluyó algunos de los reclamos de las regiones, pero no ha logrado un gran respaldo, aunque previsiblemente entrará en vigor, a pesar de que asociaciones como los sindicatos de inquilinas o los administradores de fincas lo tachan de "estar alejado de la realidad" o de contar con un presupuesto "ridículo", pero otras como las patronales de la promoción lo sitúan como un "primer paso".

Entre las novedades de este plan estatal está el blindaje de la vivienda protegida a perpetuidad. "Garantizamos que ni un euro de esta financiación va a ir dirigida a la especulación, sino a garantizar el derecho a la vivienda", explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto significa que cualquier obra financiada con fondos del PEV adquirirá automáticamente el carácter de protegida sin fecha de desclasificación.

Adicionalmente, el texto final incluye también nuevos controles y "cláusulas antifraude" en la adjudicación de viviendas protegidas (VPO en el argot) como ocurrió en Alicante, una información desvelada por Información, medio del grupo Prensa Ibérica, a través de la recuperación de las listas públicas de solicitantes o con sorteos ante notario para la adjudicación de un inmueble, la creación de base de datos pública compartida o novedades en la supervisión del cumplimiento del plan, en el que participará el Consejo Asesor de Vivienda.

"El plan da una respuesta estructural al problema, donde no valen parches ni varitas mágicas. Es un instrumento que se suma a las otras estrategias del Gobierno, que cambia el paradigma del papel de la Administración General del Estado en la política de vivienda", apuntó Rodríguez. Sobre el consenso en torno al plan, la ministra ha defendido que su cartera ha mantenido 28 encuentros para conformar redacción final con las comunidades autónomas y ha incorporado en gran medida las 400 aportaciones realizadas por el sector en las diferentes fases.

¿A qué se destinará el dinero del plan?

La mayor parte de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinará a la construcción de nuevas vivienda y a la rehabilitación del parque existente. Concretamente, el 40% del volumen total, unos 2.800 millones de euros, se invertirán en la promoción de vivienda protegida (o pública) y a la compra de inmuebles en el mercado. El 30%, unos 2.100 millones serán para la rehabilitación de viviendas, edificios y entornos urbanos, con foco en eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana. El 30% restante se reparte entre las otras grandes líneas de actuación anunciadas: por ejemplo, las ayudas de hasta 30.000 euros a jóvenes que firmen un contrato de alquiler con opción a compra y de 10.800 euros para aquellos que adquieran casas en municipios despoblados, el bono alquiler joven y todas las medidas que encajen dentro de la política del Ministerio de Vivienda.

Sin consenso con empresas y organizaciones sociales

El Sindicato de Inquilinas, en un comunicado, ha criticado el importe del nuevo PEV: "Lejos de ser una inversión significativa, basta una comparación para comprobar que se trata de un nivel de ambición ridículo: actualmente, el gasto en defensa anual es de 33.000 millones de euros al año. Es decir, el gasto en creación de vivienda de protección oficial supondrá tan solo un 1% del gasto militar. En un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación social evidencia la falta de acción real del Gobierno ante esta crisis. En la práctica, una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda. Es dinero público que sirve para complementar al mercado, no para sanearlo".

En este sentido, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) también hace hincapié en que "el volumen de recursos previsto representa un avance, pero sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema", "que requiere un esfuerzo inversor sostenido y significativamente mayor para converger con los niveles europeos". "El plan supone un paso en la buena dirección, pero su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo", agregan desde la asociación presidida por la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza.

Por su parte, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha advertido del "desfase existente" entre los objetivos del PEV y la realidad de la rehabilitación energética en España. "El plan contempla ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para mejoras energéticas, 13.000 euros para accesibilidad y 8.000 euros para actuaciones estructurales. Sin embargo, consideramos que estas medidas, aunque necesarias, resultan insuficientes si no van acompañadas de una simplificación administrativa real, una mayor seguridad jurídica y un sistema de incentivos más eficaz. En 2025 el sector de la rehabilitación tuvo un significativo repunte, con 55.558 viviendas visadas, pero todavía se encuentra lejos de los objetivos marcados por el PNIEC", desarrollan desde este colegio profesional.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, cree que el plan nace con "importantes limitaciones" que comprometen su impacto sobre el mercado residencial, especialmente en un contexto marcado por un déficit de oferta de vivienda. Las que se han pronunciado en un tono más positivo han sido las patronales de la promoción inmobiliaria. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) lo calificó como "un primer paso para aportar soluciones efectivas" que permitan ampliar el parque de viviendas de protección oficial en España, mientras Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, apuntó que "contempla medidas acertadas" a pesar de la tardanza en su aprobación.

En el espectro político, la primera comunidad en pronunciarse fue Madrid, que acuso al Ejecutivo de invadir sus competencias en materia de vivienda, aunque se reserva la posibilidad de adherirse al plan estatal. En privado, otras regiones —incluidas algunas del Partido Popular— habrían trasladado a Vivienda y Agenda Urbana su apoyo al plan, a pesar del rechazo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

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