El acelerón de los precios arruina las subidas de salario pactadas por convenio y neutraliza el escudo contra la inflación

A juicio de las casas de análisis, el tirón inflacionista que ha emanado de los ataques sobre Irán o el Líbano tardará en diluirse. Incluso si la guerra rematara mañana mismo —opción que se antoja una quimera, con un alto al fuego con pies de barro—, los académicos de Funcas o la OCDE estiman que los precios tardarían meses en equilibrarse, tanto por la falta de confianza de los mercados como por la destrucción de infraestructuras energéticas críticas en Oriente Próximo. Si el precio del barril Brent escala otra vez al umbral de los 100 dólares, que no es descartable tras el nuevo cierre de Ormuz, Funcas anticipa una inflación para los próximos meses del 4%.

Y esto sería para el conjunto de España, porque Galicia ya acaricia esa ratio: el IPC fue en marzo del 3,8%, como divulgó el Instituto Galego de Estatística (IGE), frente al 3,4% del conjunto del país. Así las cosas, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de los asalariados? Nada especialmente halagüeño. Es cierto que los salarios pactados por convenio en la comunidad hasta el mes de marzo estuvieron en la parte alta del ranking, con un alza del 3,18%, por detrás de Euskadi o Baleares. La media española se quedó, entre los acuerdos de empresa y sectoriales, en el 2,92%, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Trabajo. En provincias como la de Pontevedra, por ejemplo, el incremento se quedó en un limitado 2,53%.

Ahora bien, buena parte de los nuevos convenios incluyen cláusulas de garantía salarial, que se activan cuando el IPC llega a un determinado nivel —el que haya pactado la parte empresarial con la representación de los trabajadores— con el objetivo de preservar poder adquisitivo. El problema es que, como se evidencia en una lectura de los últimos acuerdos depositados en el Registro de Convenios (Regcon), esas cláusulas están topadas en unas cifras que no servirían para blindar la capacidad de compra. Es lo que sucede con el acuerdo estatal de Industrias Lácteas y sus Derivados, con más de medio centenar (546) de trabajadores afectados en Galicia. «Se establece una garantía anual para los supuestos en los que el IPC real sea superior al porcentaje de subida pactado [...] la subida real de la tabla y los atrasos quedarán topados al 4%», dice el documento, publicado en marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otros casos

Otro ejemplo, en este caso de una fabricante de maquinaria industrial de Pontevedra con 61 trabajadores. «El incremento salarial para el año 2026 será lineal en la cantidad resultante de aplicar un incremento del 2,25 %», reza el convenio. Eso sí, la revalorización, aplicando la cláusula de garantía salarial, no superará el 3% total. El acuerdo para las empresas de Ocio educativo y animación sociocultural, con 5.209 afiliados en las cuatro provincias gallegas, la subida salarial acordada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre es del 2,5%, sin cláusula de revisión salarial; para el periodo octubre de 2026 y septiembre de 2027, también sin cláusula, la revalorización es del 4%.

En esta firma de elaborados de productos del mar el convenio, renovado el mes pasado, se determina que «aunque el IPC supere el incremento salarial pactado, el aumento en el salario no podrá ser superior al 1% adicional» sobre el acordado de inicio. Para este caso particular, la revalorización para 2026 se firmó en un 2,5%, así que solo podrá ser actualizada hasta un 3,5%, por debajo de la inflación actual. Aunque hay algunas excepciones, eso sí. «En el caso de que la tasa de variación anual del IPC a 31 de diciembre de 2026 sea superior al 2,7% ya contemplado para ese año —expone el acuerdo de Centro Tecnológico Grupo Copo, con 77 trabajadores—, se aplicará ese IPC».

Suscríbete para seguir leyendo