Transición Ecológica pone la quinta en la descarbonización y busca «instalaciones renovables excelentes» para priorizar y agilizar su tramitación

En los poco más de 40 días transcurridos desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo, el sobrecoste para la UE en las importaciones de petróleo y gas alcanza los 22.000 millones de euros. Lo desveló el pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea a la salida de la reunión semanal del Colegio de Comisarios. «Estamos pagando un precio muy alto por nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles», admitió Ursula von der Leyen, que apeló de nuevo a «electrificar la economía lo antes posible» para aprovechar al máximo la autonomía que dan las renovables y la nuclear. Entre las medidas a corto, medio y largo plazo que el Ejecutivo comunitario baraja para aguantar la actual embestida y marcar las distancias con futuras crisis energéticas está, precisamente, la de marcar un objetivo de electrificación a nivel europeo antes del verano.

Estos días se mira mucho a España y Portugal, unidos en un mercado único eléctrico, por la ventaja competitiva de las fuentes verdes en el recibo de la luz en plena tempestad energética. El precio medio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista aquí se situó este jueves en 69,33 euros y 69,65 euros en el territorio vecino. En Francia escaló por encima de los 73 euros; superó los 100 euros en Bélgica; los 106 euros en Países Bajos; y los 110 en Alemania. Y no fue la jornada con mayor brecha. En lunes, sin ir más lejos, mientras que España y Portugal se movieron alrededor de los 23 euros, mientras más allá de los Pirineos sobrepasaron con creces los 100 euros.

Aunque en la producción eléctrica únicamente el 20% depende de materias primas que vienen de fuera, en el consumo energético total los combustibles fósiles todavía representan el 70%. El real decreto que acaba de aprobar el Gobierno con el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio incluye una larga lista de medidas «destinadas al despliegue de las energías renovables y el almacenamiento energético, cuestión que, en paralelo al desarrollo de la electrificación, es fundamental y urgente para avanzar lo más rápido posible ante la urgente necesidad de sustituir la dependencia de importación de fósiles y la vulnerabilidad que ello supone para la economía y seguridad del país».

Entre ellas, la identificación y aprobación de las llamadas zonas de aceleración renovable (ZAR). Siguiendo el dictado de las autoridades comunitarias, el Ministerio para la Transición Ecológica consulta a comunidades, municipios, promotores y el resto de agentes implicados cuáles deben ser los criterios «mínimos» para abrir la mano con parques eólicos y fotovoltaica, dejando fuera de antemano espacios protegidos y otros lugares sensibles por la riqueza de la fauna o la flora. Si hay que marcar especificaciones según la tecnología, el tamaño de las zonas —entre todas alcanzarán un nivel «significativo»—, las medidas de mitigación, las simplificaciones en la tramitación, qué plazos pueden reducirse y si es aconsejable unir en un solo paso la autorización administrativa y la de construcción. La «coordinación» con las autonomías es clave porque ellas las designarán. Como sucede en Galicia, donde la Consellería de Economía marcó el rastreo de las ZAR en la confección del nuevo Plan Sectorial Eólico.

Integración social

Transición Ecológica habla expresamente de «avanzar en el progreso de las instalaciones renovables excelentes». La misma música que toca el famoso Paquete Europeo de Redes (Grid Package) en su apuesta por la aceptación social. Ya no bastará con cumplir la normativa ambiental tradicional. «La agilización del despliegue renovable requiere de proyectos con mayor firmeza y potencial de consenso, lo que está directamente relacionado con su integración social y territorial», señala el ministerio, que sacará una orden para concretar qué es «un retorno de beneficios válido», la distancia y las condiciones para definir un ámbito territorial afectado, cuáles serán los parámetros de medición y verificación o los requisitos para garantizar una participación ciudadana efectiva. Por lo pronto, las empresas no podrán usar como galones el obligado pago de los impuestos y de las cotizaciones sociales.

Suscríbete para seguir leyendo