Cardama exige al Gobierno de Uruguay retirar los barcos a medio construir tras la rescisión del contrato

El pasado 13 de febrero fue un día clave para el naval de Vigo y, en concreto, para Astilleros Cardama. Aquella tarde Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, anunció la rescisión definitiva del pedido ya iniciado de dos patrulleras oceánicas que se habían encargado a la empresa olívica por 82,2 millones de euros, iniciando también acciones por daños y perjuicios. Desde ese momento, la postura de Cardama fue la de dejar actuar a la justicia, limitando al máximo sus manifestaciones públicas y trabajando para defenderse. Sin embargo, la firma sí que decidió contestar a la comunicación que recibieron desde el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) uruguayo informándoles de la rescisión unilateral. Un escrito al que ha tenido acceso FARO y en el que cargan contra una decisión que consideran «totalmente ilegítima», al tiempo que exigen la retirada de los barcos a medio construir de su astillero.

Desde que Orsi y su equipo anunciaron la decisión tras un Consejo de Ministros, confirmando así sus intenciones anunciadas en octubre del año pasado, Uruguay es un polvorín —todavía más si cabe— centrado en un contrato que fue realizado por el anterior gobierno de Lacalle Pou, del Partido Nacional, frente al actual liderado por Frente Amplio. Tanto que se activó una comisión bicameral para analizar cómo se gestó y cómo implosionó un pedido que, por otro lado, es vital para la Armada del país, carente de este tipo de unidades tipo offshore patrol vessel (OPV).

En el marco de esta comisión, el Gobierno está entregando la documentación relativa al caso (a cuentagotas e insuficiente, según la oposición) y uno de los documentos es el email enviado desde el astillero vigués el pasado 13 de marzo en respuesta a la rescisión. El documento de seis páginas, firmado por Mario Cardama y adelantado por el diario uruguayo El País, está dirigido a la ministra de Defensa, Sandra Lazo (con la que este periódico ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, desde el inicio de la polémica). «Rechazamos por ser totalmente ilegítima la rescisión comunicada por ustedes», señala en el inicio de la misiva el responsable del astillero, que cree que el Estado uruguayo tuvo «un modo de proceder abusivo y malintencionado».

La polémica de las garantías

Para Cardama, el Gobierno de Orsi solo centró la decisión en la situación de las dos garantías (la de fiel cumplimiento y la de reembolso) necesarias para activar el contrato, validado por la anterior Administración charrúa. En cuanto a la primera, Uruguay «sigue ignorando olímpicamente que Francisco Cardama S.A. (Cardama), fue una víctima de lo sucedido», apunta el astillero en relación a la denuncia presentada contra los mediadores que le presentaron a Eurocommerce Bank, entidad que resultó no existir. El responsable del astillero dice que el Estado «obró siempre en contra el principio de inocencia» y que ya desde octubre se dedicó a «enlodar a Cardama públicamente». En cuanto a la otra, la firmada con RedBridge, la firma insiste en que el Gobierno sabía que «la garantía estaba perfectamente constituida» cuando dijeron en su país a comienzos de año que había problemas con ella. La aseguradora norteamericana también confirmó a este medio por escrito que todo era correcto y que estaba en vigor.

«Todo en el actuar del Estado-MDN es una incongruencia, una improvisación prepotente; el único punto en común en todas las gestiones del Estado-MDN es el compromiso y deseo de concluir a como diera lugar que se debía rescindir el contrato», firma Mario Cardama, que también hace unos «comentarios del irregular proceso administrativo» del país sudamericano, empezando por la rueda de prensa del año pasado, que califica como «un espectáculo circense» que buscó «ensuciar gratuitamente» a la empresa viguesa y en la que ya se había decidido la rescisión.

«El exabrupto dejó en claro lo muy poco que les importaba el contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas ya que se encargaron de tornarlo de casi imposible ejecución, haciendo el máximo esfuerzo para frustrarlo», añade el empresario, que acusa al Gobierno uruguayo de «espantar/ahuyentar» a los subcontratistas de Cardama y de llevar a cabo «verdaderas campañas difamatorias expresadas en sistemáticas declaraciones de las autoridades».

Como conclusión, y entendiendo Cardama que «la comunicación de rescisión efectuada es ilegítima por donde se le examine», el empresario refleja que «da por terminado el contrato por incumplimiento» por el lado uruguayo.

Esqueleto de las patrulleras

Por otro lado, el director general de la atarazana hizo hincapié en el presente y futuro del esqueleto que ahora hay ensamblado de la primera patrullera (además de la quilla de la segunda). Cardama recuerda que el contrato estipula que, en caso de romperse, lo ya fabricado pasaría a manos de Uruguay. Sin embargo, señala que «fiel a su actuar errático» el Gobierno de Orsi «no se interesó por lo construido (...) ni propone nada» mientras «y evita pronunciarse al respecto».

Así, Mario Cardama señala que lo ensamblado «no representa ninguna utilidad» para el astillero y «ocupa buena parte de las instalaciones», lo que está «generando gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados por el Estado-MDN». Por ello, pide al Ministerio de Defensa que haga «lo necesario para retirar de sus instalaciones lo construido lo antes posible», ya que defiende que deben ser «obligaciones de las partes» el «intentar la mitigación de los daños».

Desde el anuncio de la rescisión, ni Yamandú Orsi ni nadie de su equipo hizo alusión a los bloques ya ensamblados. En cambio, sí han manifestado su intención de comprar otras patrulleras, contactando con Navantia y calculando un gasto de 120 millones de dólares, 60 por buque (52 millones de euros al cambio actual).

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