El Gobierno blinda el «enchufe» de los parques eólicos con pleitos en Galicia que el sector ve «orquestados» para «saturar los tribunales»

Entre el real decreto con las medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación de la economía tras el estallido de la pandemia del coronavirus y el que el Gobierno acaba de aprobar para llevar a cabo el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio pasaron casi seis años. Además de nacer en situaciones extraordinarias y de abrir el camino para afrontarlas sin daños irreversibles en el tejido productivo y el bienestar de las familias, los dos se meten de lleno con la patata caliente de los eternos permisos de conexión a la red eléctrica de instalaciones de energía, principalmente parques eólicos, sin construir todavía.

El primero de ellos marcó un calendario muy concreto para conseguir las autorizaciones de construcción y encendido. De lo contrario, perderían el derecho a «enchufarse». En el sector merodeaba la sombra de una burbuja especulativa. El atolladero burocrático en las tramitaciones del propio Estado y las autonomías obligó al Ministerio para la Transición Ecológica a estirar los plazos en dos ocasiones para salvar el abismo miles y miles de megavatios (MW). Solo en Galicia, recibieron el visto bueno alrededor de 70 parques en poco más de un año. Y entonces saltó el problema de las paralizaciones judiciales, con la comunidad como gran epicentro del bloqueo de nueva potencia.

Por eso Galicia es la zona del país más beneficiada por el blindaje a todos esos proyectos en el real decreto convalidado esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Según la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ahora mismo hay 91 parques eólicos en la comunidad afectados por algún pleito. Suman 2.477 MW. Sobre la inmensa mayoría, 85 (2.325 MW), pesa un auto de suspensión cautelar a la espera de la revisión al fondo del caso.

«Las medidas cautelares judiciales o administrativas tienen prevalencia sobre los hitos administrativos que se aplican para la puesta en servicio de instalaciones de generación renovable con el fin de lograr la protección de otros intereses que podrían ser dañados de manera irreversible», señala la nueva norma. «Llegados a este extremo, resulta razonable y proporcionado trasladar esa suspensión cautelar de las instalaciones autorizadas a los hitos —añade— con el fin de que el plazo para el cumplimiento de esos hitos tenga en consideración ese tiempo suspendido». Un alivio teniendo en cuenta la ventana de caducidad en los permisos de conexión por incumplimiento en las autorizaciones administrativas del proyecto que se abría el próximo 25 de junio.

El Gobierno abre la mano también con el resto de instalaciones pendientes si la causa de los retrasos en la construcción viene de la tardanza en la entrega de maquinaria, dificultades para dar con proveedores o el encarecimiento de los equipos. El tope ahora para levantar las centrales se estira dos años más, como máximo hasta el 31 de diciembre de 2030. Las autonomías deberían ir informando a Transición Ecológica de aquellos proyectos que efectivamente amplíen el plazo.

Valoración de AEE

El cambio, valora la Asociación Empresarial Eólica (AEE), «aporta mayor seguridad jurídica para realizar inversiones en nuestro país». La patronal del sector arremete contra la paralización de proyectos eólicos «en algunos territorios» por «simplemente intereses que no representaban a una mayoría». «La utilización de resquicios jurídicos permitía dilatar artificialmente el avance de los proyectos hasta llegar a incumplir los hitos administrativos obligatorios en la regulación», lamenta, ante «una presentación orquestada de recursos» contenciosos y judiciales «sin argumentos sólidos» que «busca simplemente saturar a la administración y a los tribunales».

Suscríbete para seguir leyendo