Luís Villares y el sector eólico: la alargada sombra de una disputa judicial, económica y política que llegó a la UE

La sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 21 de enero de 2022 que anuló la autorización de la Xunta a EDP para repotenciar el parque eólico Corme cuando las obras estaban ya finalizadas marcó un antes y un después en el desarrollo del sector en la comunidad. Por primera vez se cuestionó la forma de tramitar las instalaciones obligadas a pasar un examen de impacto en el entorno. El auto firmado por Francisco Javier Cambón —el entonces presidente de la sala—, Juan Carlos Fernández y Luís Villares tumbó los permisos para cambiar los aerogeneradores antiguos basándose en la supuesta vulneración de la directiva europea de evaluación ambiental por recortar de 30 a 15 días el plazo de exposición pública del proyecto y no poner a disposición de los interesados en ese mismo momento los informes sectoriales que elaboran los organismos públicos con competencias en el análisis de las afecciones a la naturaleza, el paisaje, valores culturales, urbanismo o el turismo. Fue un terremoto en la administración y entre las promotoras. En pleno bum de las renovables para acelerar la descarbonización de la economía, decenas de proyectos en la comunidad, una de las zonas del país con mayor potencial para exprimir las fuentes limpias, se asomaron al abismo.

Entre ellos, el parque Campelo desarrollado por Greenalia. La compañía liderada por Manuel García Pardo puso el foco de atención en Villares por su pasado en la política. Entre las operadoras eólicas en Galicia corrían como la pólvora las dudas sobre la neutralidad del exlíder de En Marea. Y Greenalia dio el paso adelante. Pidió al TSXG la recusación del magistrado en las causas abiertas tras las denuncias de la Asociación Petón do Lobo contra ambos proyectos por el supuesto «interés personal y directo», dadas las críticas que públicamente lanzó contra el sector antes de volver a la judicatura en 2019. La empresa acompañó su petición con varias noticias en las que Villares y el resto de la formación política arremetieron contra «el modelo eólico del Partido Popular» y «expresamente contra la normativa que de modo directo afectó a la tramitación del parque eólico Campelo».

La sala, sin intervención en este caso de Luís Villares, rechazó de plano la pretensión de Greenalia. Achacó las manifestaciones del magistrado en su etapa política a «una crítica general, política y jurídica de la legislación eólica», sin que esto presuponga «un propósito de no aplicarla o incumprirla». «No comprometen la imparcialidad», negó el TSXG, apoyando «el ejercicio de un derecho fundamental». La recusación requiere «un interés singularizado», el parque eólico en cuestión, «lo que no concurre en este caso».

Defensa

Hubo más ocasiones en las que el alto tribunal gallego salió a defender el trabajo de Villares. El anterior presidente del TSXG, José María Gómez, llegó a revolverse con el intento de «estigmatizar» al juez en una entrevista en la Cadena Ser en 2024, cuando la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acumulaba decenas de autos de suspensiones cautelares de parques. «Nadie puede cuestionar», dijo, la «competencia profesional» de Villares después de cuatro años fuera de la política y consideró «exagerado» también los intentos de «deslegitimar a todos los magistrados que trabajan con él».

Villares solo se apartó voluntariamente en una ocasión. El magistrado no participó en el tribunal que ejecuta las sentencias que anularon el parque eólico Sasdónigas «con motivo de las actividades que desarrolló durante su etapa de servicios especiales», en referencia a sus años de diputado en el Parlamento gallego. ¿Por qué en esta ocasión sí? Porque se había reunido en varias ocasiones con un colectivo de afectados por la construcción del parque.

EDP, la Xunta y la patronal eólica gallega recurrieron la anulación de los permisos a la renovación tecnológica del parque eólico Corme y el Tribunal Supremo les dio la razón. Ni se había incumplido la directiva europea con el acortamiento de plazos —aunque el Ejecutivo autonómico sí decidió dar marcha atrás y volver a los 30 días—, ni hay que recabar los informes sectoriales con anterioridad. Teóricamente, el fallo que avaló la tramitación allanaba el camino a desbloquear todos los proyectos paralizados. Pero no.

Cambio de criterios

En otro giro inesperado de los acontecimientos, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo anunció un cambio de criterios en el bloqueo cautelar de los proyectos: en vez de esgrimir los informes sectoriales, los autos, a menudo con votos discrepantes de algún otro miembro de la sección tercera, apelan directamente a un posible impacto ambiental irreversible. A pesar de haber superado el estudio de impacto ambiental correspondiente. El TSXG decidió no tirar la toalla con el supuesto quebranto de la normativa comunitaria en la tramitación y aprovechó el pleito de Petón do Lobo contra el parque eólico A Ruña III de Eurus para acudir al Tribunal de Justicia de la UE en busca de su respaldo.

Como con el Supremo, tampoco lo consiguió. El TJUE subraya que la legislación europea no precisa en qué momento deben recabarse los informes sectoriales. Es una tarea de cada país. Con la información que actualmente se da, añadió, «la participación del público interesado puede considerarse real». Esto sucedió en agosto de 2025. En octubre, el apoyo del TJUE no valió para nada porque el TSXG anuló definitivamente las autorizaciones a A Ruña III «por carecer de la adecuada evaluación ambiental».

Después de la jubilación de Cambón, la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG, María Azucena Recio González, ha ejecutado el traslado forzoso de Villares de la sección tercera a la cuarta para «salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala». Se agarra a las recientes sentencias sobre la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en las que el Tribunal Supremo «considera que ha resultado vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial» por «la intervención política» del juez entre 2016 y 2019. Recio no menciona como razón el conflicto eólico y la alargada sombra de sospecha que cundió en el sector y en la Xunta. Hay actualmente 91 parques eólicos autorizados con una potencia en conjunto de 2.447 megavatios (MW) que tienen algún recurso judicial. De ellos, 85 (2.325 MW), están suspendidos ya.

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