Uruguay estima un coste de 120 millones de dólares para la compra de dos patrulleras como las que canceló a Cardama

El Gobierno de Uruguay adjudicó, por importe de 82,5 millones de euros, la construcción de dos patrulleras oceánicas (tipo OPV, offshore patrol vessels) al astillero vigués Cardama. El contrato se oficializó en diciembre de 2023, bajo el Gobierno de Luis Lacalle, aunque quedó formalmente rescindido el pasado febrero: el nuevo Ejecutivo, ahora con Yamandú Orsi a la cabeza, acusó a la compañía de fraude y anunció un nuevo proceso de licitación para disponer de ambas embarcaciones, cuya incorporación considera imprescindible para operativas contra la pesca ilegal y el narcotráfico.

Una de las empresas sondeadas es la española Navantia, con instalaciones en Galicia y experiencia en el mercado. El propio Orsi indicó que los candidatos preseleccionados «tienen que tener las condiciones técnicas que se habían planteado para mostrarle a la ciudadanía, pero fundamentalmente a la Armada Nacional, cuáles son los equipamientos que estamos adquiriendo». Pero esta batida entre compañías de construcción naval ha aflorado que el precio que deberá pagar Uruguay ha de ser sustancialmente más alto. En concreto, 60 millones de dólares por buque. «Es lo que sería viable gastar», constató el presidente de la República uruguaya en un encuentro con medios de comunicación.

«Más importante o tan importante que el costo es cómo lo pagás», abundó, a la vez que destacó que la opción más atractiva es, a su juicio, la de una negociación directa «país a país». «La novedad que me informaron del Ministerio de Defensa al día de hoy es que el acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva», como ya divulgó FARO. «No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios», compartió el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al Canal 10.

Ahora bien, Cardama «no renuncia a ninguna acción legal» para defenderse y analiza «otros caminos» para actuar.

Entre tanto, Orsi constató que su Gobierno tiene intención de aceptar la donación de la patrullera oceánica Resiliance, propiedad de momento de la Guardia Costera de Estados Unidos (US Coast Guard).

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