La familia Arrien llevará «a Fiscalía» las cuentas de la armadora Inpesca e incorpora a la auditora al conflicto interno

Es muy poco habitual que, de entre las comedidas aguas por las que navegan societariamente las armadoras vascas, aflore ruido. Pero existe, y el ruido se percibe en estéreo. De un lado, el que emana de las entrañas de Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), cuya presidencia ha encomendado a CaixaBank la búsqueda de comprador y un inversor externo ha adquirido las posiciones de deuda de, al menos, cuatro entidades del pool bancario (compuesto por la propia CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caja Rural de Navarra y Abanca). De otro, el afilado conflicto entre accionistas de Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), que ya está judicializado pero que amenaza con estarlo a un nivel superlativo.

Porque la familia Arrien, que controla más del 15% del capital social de la empresa, está decidida a llevar a la Fiscalía sus «sospechas» de que las cuentas no reflejan la imagen fiel de la pesquera. Pero también pretenden dar traslado a la Hacienda Foral, la Seguridad Social y el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), según ha apuntado a FARO Jonathan Arrien.

Por lo pronto, y como había advertido a este periódico, ya ha remitido documentación relativa a supuestos «sobresueldos» a la auditora del grupo, PwC. Desde Inpesca han indicado que estas acusaciones han de circunscribirse en el contexto de un conflicto judicializado entre accionistas. «La junta, por mayoría abrumadora, decidió promover una acción social de responsabilidad, por la cantidad de 26.314.996 euros, contra Guillermo Arrien Zulueta». Guillermo Arrien fue presidente de Atunlo, ya liquidada, firma promovida por Pevasa, Inpesca y la viguesa Comercial Pernas (Coper) en 2007.

La reunión

En la junta de accionistas celebrada el 19 de diciembre, celebrada con carácter extraordinario a petición de los Arrien, la familia solicitó al consejo que «explique la situación de cobros y pagos en efectivo en Inpesca» o «si las retiradas de efectivo de las cuentas bancarias de Inpesca Fishing Ltd. [es una de las filiales] tienen alguna relación con los sobresueldos percibidos por los miembros del consejo de administración». Así consta por escrito en un acta notarial, facilitada a FARO y remitida de igual modo a la auditora PwC.

En una carta enviada por el propio Jonathan Arrien a un socio responsable de PwC, abunda que «he sido informado que existen reiteradas retiradas de dinero en efectivo», sin más datos, y sobre las que «Inpesca no ha facilitado información». En la misma misiva requiere a la auditora que «verifique el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales».

Ya tras la celebración de esa junta extraordinaria, desde Inpesca indicaron que la información solicitada por los Arrien (Ane Arrien Asla, Jonathan Arrien Asla, Guillermo Arrien Zulueta y Nekane Arrien Campos) «es propia de la operativa social y por ello sensible, existiendo además razones para considerar que los solicitantes la podrían usar para fines extrasociales, habida cuenta del importante conflicto judicial abierto entre la sociedad y el señor Guillermo Arrien».

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