Cardama frena la demanda en Uruguay, pero no renuncia «a ninguna acción legal» para defenderse

Astilleros Cardama vuelve a ser noticia. Ya no por el juicio de esta semana por la muerte de uno de los trabajadores de una subcontrata en 2022, sino de nuevo por la polémica caída del contrato para dos patrulleras oceánicas con Uruguay. La rescisión anunciada por el Gobierno de Yamandú Orsi el pasado 22 de octubre y su confirmación el 13 de febrero de este año sigue acaparando portadas al otro lado del Atlántico.

Esta vez, por la decisión de la empresa viguesa de parar en seco el proceso de demanda contra el Estado charrúa, comenzado el pasado diciembre y cuya primera vista de conciliación estaba prevista para el próximo lunes. Cardama decidió cancelarla, como confirman fuentes del astillero, que puntualizan que «no renuncia a ninguna acción legal» para defenderse y analiza «otros caminos» para actuar.

El medio uruguayo Búsqueda adelantó ayer, a solo unos días de la vista, la decisión tomada por Cardama, que se habría producido ya en el mismo momento en el que Orsi anunció la decisión definitiva de rescindir el contrato. La decisión habría sido trasladada el bufete que representa al astillero en el país, Hughes & Hughes, al no caber ya mediación posible cuando el contrato se cayó por completo. «Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos», trasladó el bufete, según publicó el semanario.

La información fue confirmada a este medio por la firma viguesa, que sigue sin querer hacer declaraciones sobre el proceso mientras continúa preparando su defensa. Lo que sí quisieron comunicar las fuentes consultadas es que esta decisión no supone una renuncia a su defensa frente al gobierno uruguayo en un conflicto en el que se sienten asistidos por la razón. Así, restan importancia al movimiento de la demanda en suelo uruguayo y avanzan que no renuncian «a ninguna acción legal».

En el escrito de Hughes & Hughes, Cardama recuerda que el origen del conflicto, la caída de la garantía de fiel cumplimiento firmada con Eurocommerce Bank (que luego se descubrió que no existía) provocó la denuncia por parte de Cardama, al considerarse estafados. Sin embargo, estimaban también que la rueda de prensa de Orsi del 22 de octubre, cuando se descubrió la situación de Eurocommerce, «instaló fuertemente la idea de que Cardama era responsable del fraude, sin respetar en ningún caso la presunción de inocencia», señalando también que el Ministerio de Defensa «no ha actuado como cocontratante interesado en la buena fe del contrato».

Así, Cardama pedía ejecutar el contrato y percibir los más de 50 millones que todavía no recibió de los 82,2 millones por las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessel). Además, según el escrito publicado por Búsqueda, el astillero cifraba en al menos 48 millones los daños sufridos por las manifestaciones públicas del Gobierno uruguayo tras el 22 de octubre.

Suscríbete para seguir leyendo