Los transportistas urgen ayudas al Gobierno para digerir el «chupinazo» de los precios del gasóleo: «Es su obligación legal»

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este domingo la puesta en marcha de un «plan extraordinario» de vigilancia para prevenir eventuales abusos por parte de las estaciones de servicio en los precios o márgenes, para lo que desplegará 500 controles estratégicos en gasolineras de todo el país. Y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha reclamado ya una medida equivalente para España. «No es aceptable que el conflicto en Oriente Medio se traduzca, en menos de una semana, en subidas de hasta 30 céntimos por litro en los surtidores españoles», han condenado fuentes de este colectivo.

Desde Galicia, la Unidade Galega de Transportistas (Vieiros) ha exigido ya al Gobierno que adopte medidas «inmediatas» para paliar el incremento de los precios, ya sea mediante una iniciativa fiscal —como la que entró ayer en Portugal con carácter «extraordinario», de una rebaja de 3,55 céntimos en el Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP)— o con bonificaciones similares a las aprobadas tras la invasión de Ucrania, de un descuento de 20 céntimos por litro. «Ya se lo hemos pedido al ministerio, esto ha sido un chupinazo más rápido que el que vimos con la guerra de Ucrania», explica el secretario xeral de Vieiros, Alberto Vila, quien también reivindica la actualización de tarifas conforme las cláusulas de revisión fijadas, precisamente, en 2022. «Tienen que hacerlo sí o sí, es una obligación legal», porque la desviación de los precios ha superado holgadamente el 5% que estipula la norma.

La cláusula de indexación de los precios en el sector del transporte profesional se aplica tanto en los denominados contratos continuados, de clientes permanentes y con rutas fijadas, como a los esporádicos. Los primeros se negocian con periodicidad trimestral, de ahí que el sector reclame la aplicación inmediata de la salvaguarda del 5%. Alberto Vila defiende, por último, revisar los baremos que se aplican a día de hoy para el cálculo de revisión de precios, de modo que se eleve del 30 al 40% el peso del combustible en la estructura de costes de una empresa para un vehículo pesado de carga general. El gasóleo es el carburante que utilizan la inmensa mayoría de los camiones en España.

«El transporte por carretera es la columna vertebral de la economía española, por lo que sin una intervención oficial en los precios finales de los carburantes, el aumento de costes puede llegar a ser inasumible para los transportistas autónomos y las pymes, lo que puede poner en riesgo el abastecimiento y la estabilidad de los precios de consumo», ha abundado Fenadismer. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha complementado, por su parte, que «la experiencia reciente demuestra que la rapidez en la toma de decisiones resulta decisiva para preservar el empleo y la actividad empresarial, así como para evitar tensiones que puedan derivar en interrupciones o disrupciones en la cadena de suministro».

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