El plan «made in Europe» de Bruselas restringe las ayudas públicas para comprar coches a los que tengan un 70% de piezas de la UE

Detrás de la estrategia «Made in Europe» que Bruselas tiene entre manos para afrontar la expansión tecnológica y manufacturera de China y surfear las tensiones comerciales como la que actualmente se vive con el presidente de EE UU, Donald Trump, por su agresiva política arancelaria, están el pacto comunitario por una industria limpia lanzado hace justo un año y el tan comentado Informe Draghi que puso patas arriba las dinámicas internas en el viejo continente. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) alertó abiertamente del declive económico de la UE y apeló a un enfoque «común» de los territorios con tres palancas de crecimiento: innovación, descarbonización y seguridad económica. Solo así, advirtió, será posible mantener el actual modelo social.

«Hoy damos un paso fundamental en la renovación de la doctrina económica europea con el fin de que la Unión esté preparada para el siglo XXI», anunció este miércoles Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial de la Comisión, durante la presentación de la Ley de Aceleración Industrial con la que las autoridades comunitarias fijan «requisitos específicos y proporcionados» para la fabricación europea o bajas emisiones de carbono para la contratación y los sistemas de ayudas públicas. En este último foco de actuación se enmarca un giro de 180 grados en los apoyos de los países miembros para la compra de coches.

Condiciones

Seis meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, los nuevos programas o los que vayan a actualizarse tanto de estados miembros como de autoridades regionales y locales para apoyar la compra, el arrendamiento financiero, el alquiler o la adquisición a plazos de vehículos eléctricos, híbridos o pila de combustible deberán garantizar unos «requisitos mínimos de origen en la UE». ¿Cuáles? Que estén ensamblados en suelo comunitario; que el 70% de las piezas estén también elaboradas aquí, a excepción de las baterías, dada la hegemonía china; y que las baterías integren tres componentes europeos, entre ellos las celdas, según consta en el anexo de especificidades. Exigencias que se aplicarán también a los procesos de contratación pública.

La Ley de Aceleración Industrial completa el paquete de medidas sobre el sector automovilístico adoptado el 16 de diciembre de 2025, en el que ya se definían las condiciones de lo que se considera «fabricado en la UE» para poder acogerse a las flexibilidades de las normas sobre emisiones de CO2 que tanto criticaron los fabricantes, además del «supercrédito para turismos eléctricos pequeños y asequibles» y las condiciones para recibir ayudas económicas a la ecologización de las flotas corporativas.

Otras medidas

Como se sabía, además de impulsar un agilización de permisos, para cualquier inversión de más de 100 millones de euros por parte de un país foráneo con una posición dominante en los sectores del coche eléctrico, baterías, energía solar o materias primas críticas se impone la contratación de trabajadores de estados miembros hasta cubrir por lo menos el 50% de la plantilla. Los proyectos que superen los 1.000 millones serán objeto de análisis exhaustivo por las autoridades de la UE, que se reservan el derecho de veto. El capital extranjero no podrá saltar el umbral del 49% y tendrá que ir de la mano de un socio local. Estas y otras exigencias podrán suavizarse en caso de que se dedique el 1% de los ingresos a I+D o que el 30% de los productos de origen sean fabricados en Europa.

Todas las medidas buscan, según Bruselas, «aumentar la creación de valor en la UE, reforzando nuestra base industrial en el contexto de una competencia mundial cada vez más desleal y una creciente dependencia de proveedores no pertenecientes a la UE en sectores estratégicos». «Constituye, por tanto, una estrategia para apuntalar el crecimiento económico, la prosperidad y la seguridad a largo plazo», remarcan la Comisión.

PIB industrial

En 2024, la industria manufacturera representaba el 14,3 % del PIB de la UE y, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la resiliencia económica, el ciclo de vida de la innovación y el tejido social de Europa. La Ley establece el objetivo de aumentar la proporción de la industria manufacturera en el PIB de la UE hasta el 20% de aquí a 2035. Prevé crear más de 143.000 empleos con la ley: 85.000 en el sector de baterías y 58.000 en la energía solar, además de mantener los puestos de trabajos existentes en las áreas del acero, aluminio y el cemento.

«Frente a una incertidumbre mundial sin precedentes y la competencia desleal, la industria europea puede contar con esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos», subrayó Séjourné. «La Ley creará puestos de trabajo orientando el dinero de los contribuyentes a la producción europea –añadió–, reduciendo nuestras dependencias y mejorando nuestra seguridad y soberanía económicas». Ahora le toca pasar por el Parlamento Euroepo y el Consejo de la UE para negociarlo y su aprobación definitiva.

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