La sentencia del patíbulo de Pescanova SA: la compañía pierde un litigio que la llevará a liquidación

Fueron 109 los bancos de todo el mundo los que se vieron atrapados por el concurso de acreedores de Pescanova SA, ya fuera por operaciones sindicadas de financiación como por líneas de factoring o créditos documentarios. Pero fueron siete las entidades que, finalmente, asumieron la responsabilidad de rescatar la multinacional, habida cuenta de las leoninas condiciones que ponía sobre la mesa el equipo comandado por la familia Carceller, mano a mano con los fondos KKR (Kohlberg Kravis Roberts) o Luxempart. Los bancos habían digerido quitas por más de 1.800 millones de euros —de un pasivo superior a los 3.500 millones— y diseñaron un esquema financiero que aliviaría esta losa hasta algo más de 1.500 millones de euros. Le llamaron crédito supersenior; de apellido, «crédito adicional subordinado».

En esencia, el denominado G7 (Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank y UBI Banca) concedieron un préstamo de 125 millones de euros que devengaba un interés anual del 15%, pero con una comisión adicional de aseguramiento: por cada euro comprometido, Nueva Pescanova —acababa de empezar a caminar— tendría que devolver otros 2,4 euros. En suma, 300 millones de euros de coste extra para rebajar la quita, pese a que el supersenior fue cancelado cinco meses después de haberse activado, a finales del año 2015. La antigua matriz, la vieja Pescanova, llevó esta operación a los tribunales al calificarla de «discrecional y lesiva». Sus pretensiones fueron rechazadas en primera instancia, en un juzgado de Vigo, y la SA ya había avanzado que otro fallo contrario sería su final ante la imposibilidad de hacer frente a las costas. Ese momento ha llegado.

Según ha informado Pescanova SA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado «íntegramente el recurso de apelación interpuesto por esta entidad contra la sentencia de 25 de febrero de 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Vigo, confirmándose dicha resolución en todos sus pronunciamientos». Asimismo, la sala ha impuesto el pago de las costas a la compañía. En todos los boletines informativos que la vieja Pescanova remite a sus socios, también a través de la CNMV o de su página web, habían avanzado su intención de llevar este litigio hasta el Supremo, si bien de momento no ha clarificado qué pasos dará. Ha indicado, por contra, que la asesoría jurídica «se encuentra analizando el contenido de la resolución al objeto de valorar las acciones legales que procedan en defensa de los intereses» de la empresa.

Eso sí, la SA ha anticipado siempre que el fallo del Alto Tribunal será negativo, haciendo referencia a las palabras «probable» y «posible». «El recurso de apelación [frente a la Audiencia Provincial] puede resultar total o parcialmente estimatorio, en cuyo caso la compañía no tendría que hacer frente a las costas de la primera instancia», ha divulgado en sus últimos informes. «Una probable condena en costas, en caso de materializarse y habida cuenta de la altísima cuantía del procedimiento, sería inasumible para la Sociedad y abocaría a ésta a su liquidación». Pescanova SA tiene dotada para ello una provisión por importe superior a los 5 millones de euros, que tendría que ser sufragada mediante una ampliación de capital.

La realidad es que no hay una base de accionariado sólida para atender a esta eventual llamada de auxilio: sí existía hasta el concurso de acreedores, cuando se celebraban copiosas juntas y había cientos de socios de larga trayectoria, la mayor parte de los cuales sí suscribían las ampliaciones de capital o, entre los inversores institucionales o de mayor peso, las emisiones de bonos. A la última asamblea general, celebrada en septiembre en Chapela, asistieron tres personas; había más consejeros (4) que accionistas. 

Suscríbete para seguir leyendo