Uruguay presume en España de «seguridad jurídica» tras rescindir de forma unilateral el contrato con Astilleros Cardama

Uruguay ha querido poner en valor su estabilidad, la seguridad jurídica y la fortaleza institucional, junto al diálogo permanente entre el sector público y privado, como pilares del modelo de país para atraer inversiones españolas. Así lo destacó el secretario de la Presidencia del país sudamericano, Alejandro Sánchez, solo 12 días después de rescindir de forma unilateral un contrato por 82,2 millones de euros con la empresa española Astilleros Cardama.

Sánchez fue el protagonista en una jornada que tuvo lugar el martes en la sede de la CEOE titulada «Uruguay: oportunidades comerciales y clima de inversión», celebrada en el marco del Ciclo de Conferencias en Clave Iberoamericana.

Según recoge Europa Press, el secretario de la Presidencia de Uruguay subrayó el «amplio consenso multipartidario» en torno a factores como la necesidad de preservas la estabilidad macroeconómica como condición indispensable para la inversión y el crecimiento, así como de modernizar el marco regulatorio y las políticas públicas para dinamizar el clima de negocios.

El mensaje, que tiene como telón de fondo el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, llega precisamente después de que el Gobierno que lidera Yamandú Orsi haya decidido poner fin al pedido de dos patrulleras oceánicas (tipo OPV, offshore patrol vessel) con el astillero vigués, al que acusa de «incumplimientos graves» con las garantías vinculadas al contrato y contra el que inició acciones por daños y perjuicios. Una situación que, según fuentes del sector naval gallego, generan precisamente una inseguridad jurídica.

Carta abierta

La polémica decisión, que generó una tensa y prolongada discusión política en Uruguay, avanza con novedades cada día. Si en los últimos días Orsi avanzó las negociaciones con otros astilleros, hoy la noticia está en una carta abierta publicada por el exprosecretario de la Presidencia durante el anterior gobierno (de Luis Lacalle Pou), Rodrigo Ferrés, en la que cuestionó la decisión del actual Ejecutivo uruguayo y recordó que en un caso como este, en el que el fallo está en una garantía, «es imperativo conciliar», llegando si es necesario a una sanción, pero que «no se rescinde», ya que es algo que «debería ser de aplicación restrictiva y muy excepcional».

«Razones de buena administración indican que, en procura del interés público comprometido, es imperativo conciliar con la contraparte a efectos de subsanar la situación constituyendo una nueva garantía», escribió Ferrés en una misiva recogida por todos los medios uruguayos.

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