El Constitucional levanta la suspensión de la ley de la Xunta que obliga a repotenciar los parques eólicos más antiguos

La Consellería de Economía e Industria colocó vallas publicitarias por toda Galicia para promocionar su medida estrella para la reducción de aerogeneradores en Galicia. A través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos del pasado año, el departamento liderado por María Jesús Lorenzana impuso la repotenciación obligatoria de todos los parques eólicos operativos en la comunidad cuando cumpliesen los 25 años. La imposición se matizó después, por las enmiendas del propio PPdeG, para subir el plazo de vida útil hasta los 30 años si así figuraba en los proyectos originales. También se incorporó la posibilidad de aumentar la potencia y el papel de la administración como supervisora de que el cambio de los molinos antiguos por los nuevos es «económica y técnicamente viable».

Todo estaba en el aire después de que el Constitucional aceptase el recurso del Gobierno central contra esta y otras modificaciones que afectan al sector del viento y que ahora vuelven a estar en vigor tras la decisión del tribunal de levantar la suspensión hasta la resolución definitiva porque descarta la existencia de "perjuicios irreparables para el interés general o particular" ahora mismo. De si son constitucionales o no. El dictamen tardará meses. No llegará antes del verano, según confirman fuentes del Constitucional a FARO.

La polémica

La polémica medida, con la que la Xunta intenta frenar el descontento a pie de calle hacia la eólica alentado por varias organizaciones ambientalistas, enfadó al sector. Tanto la patronal eólica gallega EGA como la nacional, AEE, acusaron a la Xunta de vulnerar principios básicos de normas españolas y comunitarias. El Gobierno central recogió el guante y llamó a la Xunta a una negociación de algunos de las modificaciones más peliagudas, principalmente la repotenciación obligatoria. «Reviste una naturaleza especialmente gravosa en términos jurídicos» y también económicos porque «podría afectar previsiblemente a gran parte» de los operadores del sector «a la vista de la elevada edad media del parque eólico gallego». «Podría implicar la aparición —añadió el Ministerio de Política Territorial en su notificación a la Xunta de la mesa bilateral para buscar una cuerdo— de un importante factor de desestabilización en el sistema que no puede desconocerse o ignorarse».

El diálogo entre ambas administraciones no fructificó y fue entonces cuando el Gobierno llevó el caso al Tribunal Constitucional con la petición de la suspensión inmediata de las medidas. Y así lo aceptaron los magistrados, que optaron inicialmente por paralizarlas. El Pleno tenía hoy que revisar si ratificaba su decisión o la levantaba mientras entraba en el fondo de la cuestión.

Más beneficioso

«Tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia habían solicitado el levantamiento de la suspensión, por entender que no concurría la apariencia de un derecho en la pretensión del Estado ni se irrogaban perjuicios irreparables en el interés público o de particulares. Por contra, el abogado del Estado solicitaba el mantenimiento de la suspensión al apreciar un bloqueo a sus competencias en la materia, y la causación de perjuicios de difícil o imposible reparación al interés público», recuerda el Constitucional. La decisión adoptada por su Pleno hoy «descarta la existencia de una apariencia de buen derecho en la pretensión de mantenimiento de la suspensión» que pedía el Gobierno. Los jueces parten de «la presunción de constitucionalidad» de la norma gallega y «sin entrar en el tema de fondo del recurso», realizan un análisis pormenorizado de «la ausencia de perjuicios irreparables para el interés general o particular» en cada precepto impugnado.

En el caso de la obligación de renovar los aerogeneradores antiguos, el tribunal concluye que «el levantamiento de la suspensión y efectividad de la repotenciación» resulta «más tuitivo» -es decir, más beneficioso- para el medio ambiente que paralizar la norma. «Especialmente cuando existen hitos u obligaciones con fecha de caducidad», dice, en referencia a los objetivos de la Agenda 2030 y la ejecución de los fondos Next Generation, del que se están beneficiando algunas de las empresas para repotenciar con proyectos presentados mucho antes de la entrada en vigor de la imposición de la Xunta.

Otros argumentos

El Constitucional asegura también que la habilitación por parte de la Xunta de zonas idóneas para parques y sus infraestructuras de evacuación en el Plan Sectorial Eólico de Galicia depende de la aprobación previa de planes e instrumentos de ordenación del territorio, por lo que «los eventuales perjuicios para el interés general del Estado resultan hipotéticos». El Ejecutivo gallego también se atribuyó la designación de zonas de aceleración de renovables, siguiendo la doctrina europea «y dependen de la previa aprobación, desarrollo y ejecución de la planificación y programas». «Por ello, los perjuicios para el interés públicos del Estado resultarían futuros, condicionales y accidentales, en cuanto que resultarían resarcibles económicamente», señalan los jueces, que descartan igualmente «un perjuicio actual y grave al interés público del Estado» en la medida de la Xunta de congelar el plazo para conseguir la autorización de explotación en aquellos proyectos que sean suspendidos por los tribunales. Se trata, aseguran, de «una norma suspensiva, de carácter preventivo y conservativo (con doble condicionalidad)» y «afecta solo a un número limitado de ciudadanos (los demandados)».

En marcha

Ahora mismo en Galicia hay 16 repotenciaciones de parques eólicos sobre la mesa entre las que tienen ya autorización y las que están tramitándola. Se eliminarán alrededor de 500 aerogeneradores antiguos. La inmensa mayoría de los proyectos cuentan con financiación a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y todos estaban en cartera antes de que la Xunta decidiese hacer obligatoria la modernización tecnológica.

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