La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama

La política uruguaya está totalmente dividida con la decisión del Gobierno de Yamandú Orsi de rescindir de forma unilateral el contrato de dos patrulleras con Astilleros Cardama. El Frente Amplio (FA), en el poder, celebra la decisión y la búsqueda de nuevos barcos; la oposición, liderada por el Partido Nacional (PN), habla de una «decisión política» y de «un juicio millonario» al Estado por parte de la empresa viguesa. En Galicia, en cambio, las reacciones son de apoyo a Cardama y, en general, al naval vigués. La última, de la Xunta, que defiende «el prestigio y la potencia» del sector.

Cardama reaccionó a la cancelación del contrato, valorado en 82,2 millones de euros, avisando de que «se ha procedido de manera muy incorrecta» y que el tiempo dictará sentencia: «Veremos a quién le asistía razón». Tras ello, fue el clúster del naval gallego, Aclunaga, el que llamó a «cerrar filas» en torno a los astilleros e instó «a que quien cierra un contrato demuestre su incumplimiento».

Ayer fue el turno para la el Ejecutivo gallego. Fuentes de la Xunta explicaron a FARO que es momento de «apelar a la prudencia» y de «analizar las causas de la rescisión», pero también que es necesario «recordar el prestigio y la potencia del naval gallego», en alusión a la historia de Cardama (110 años) y del resto de la industria. Un mensaje similar al enviado el presidente Alfonso Rueda tras una conversación mantenida con Orsi el pasado noviembre.

La situación en Uruguay está mucho más polarizada. Basta echar un vistazo a las redes para ello, con algunos memes en alusión a Astilleros Cardama y los barcos y otros cargando contra Orsi y su equipo. En el terreno político, los anteriores ministros de Defensa del PN, Javier García y Armando Castaingdebat, que fueron los encargados de adjudicar el pedido a Cardama en 2023 durante el mandato de Luis Lacalle Pou, salieron para defender su trabajo y el del astillero. «La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: política», dijo el primero en su cuenta en la red social X; «El gobierno no está acumulando argumentos, está buscando y no ha encontrado», dijo el segundo en el Canal 12.

Mientras, los medios charrúas intentan indagar qué se esconde más allá de las declaraciones de ayer (como la posibilidad de comprar unas patrulleras chinas) o cuáles son los siguientes pasos a seguir. El Observador adelantó ayer que el despacho de abogados español, Uría Menéndez, es el elegido por Uruguay para intentar recuperar los casi 30 millones de euros desembolsados ya en el proyecto, además de iniciar acciones para cobrar la garantía de reembolso suscrita por el astillero con Redbridge (de unos 8,2 millones).

Orsi decidió ejecutar la rescisión del contrato, como había amenazado ya el pasado 22 de octubre, ante unos supuestos «incumplimientos graves» vinculados con las dos garantías presentadas por Cardama y aceptadas por el anterior Ejecutivo uruguayo: una de fiel cumplimiento (con EuroCommerce, empresa que resultó ser inexistente y por la que el astillero se siente estafado) y la de reembolso con Redbridge (que según esta aseguradora se trataría de una póliza en vigor).

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