Bruselas quiere poner coto a las inversiones chinas en el coche eléctrico, baterías o energía fotovoltaica

El grupo chino Chery desembarcó en la Zona Franca de Barcelona con Ebro como socio. Se crearon dos joint venture para explotar la antigua planta de Nissan e iniciar allí la producción de coches de ambas compañías, teniendo la firma española el 60% del capital de las empresas conjuntas. La también china CATL hizo lo propio con Stellantis en Zaragoza, aunque en este caso para levantar una gigafactoría de baterías a través de la firma Contemporary Star Energy (CSE), cuya propiedad se divide al 50%. Son dos ejemplos de la inversión china en suelo europeo, en este caso en España, que hacen que la Comisión Europea arquee una ceja: Bruselas quiere poner coto al capital extranjero en las inversiones vinculadas al coche eléctrico, a las baterías o la energía fotovoltaica.

Según un borrador al que ha tenido acceso Efe, Bruselas quiere poner ciertas cortapisas para las inversiones extranjeras directas (IED) en general, pero con un marcado acento sobre sectores en los que el gigante asiático figura como una potencia y está irrumpiendo con fuerza en el mercado comunitario. De hecho, el vicepresidente tercero de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ya mostró su preocupación por la forma en la que los fabricantes chinos de coches están llegando a la UE.

El borrador, de 72 páginas más anexos, apunta a las firmas de un país que controle más del 40% del sector implicado y estipula que las empresas que inviertan en Europa estén obligadas a transferir conocimiento y a respetar un mínimo de al menos un 50% de mano de obra local. Reclama, además, que una parte significativa del valor añadido, así como la inversión en innovación y desarrollo, se quede en la UE y que al menos el 50% del producto final deberá haber sido fabricado en la UE.

«La propuesta legislativa tiene como objetivo reforzar la resiliencia económica a largo plazo, la prosperidad y la autonomía estratégica de la UE apoyando la producción industrial y acelerando la descarbonización», resume el Ejecutivo.

Lo que busca Bruselas es la que etiqueta del Made in Europe se aplique para fomentar una relocalización real de la producción y el know-how en el mercado único, además de «maximizar la calidad y los beneficios para el mercado único de la inversión extranjera en la UE en los sectores más estratégicos». Así, la CE aspira a «desplegar proyectos de fabricación a escala acelerando y simplificando los permisos para proyectos industriales, así como facilitando el desarrollo de (...) zonas de aceleración industrial».

Sí aboga, en cambio, por introducir una etiqueta de «intensidad de carbono» en los sectores energéticamente intensivos, como el acero, el cemento o el aluminio, de forma que destaquen los productos bajos en CO2 y mejorar así su valoración comercial con beneficios de cara a obtener ayudas estatales y a participar en licitaciones públicas.

Más allá de los coches y sus baterías, otro nicho clave es el de las renovables, en concreto, la energía fotovoltaica. Este mismo lunes, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, advertía en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de que los proveedores chinos de inversores solares controlan más del 90% del mercado mundial, lo que a su juicio plantea riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica. La exvicepresidenta primera española defiende «una acción urgente y coordinada para diversificar proveedores» y avanzó que el BEI prepara «un programa específico de apoyo financiero a fabricantes europeos de inversores solares».

El texto estará encima de las mesas de los líderes de la UE y de los Estados miembros este jueves durante una reunión en el castillo belga de Limont, cerca de Lieja, para intercambiar opiniones sobre competitividad económica.

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