«Preferimos menos regulación para las empresas, más que subvenciones»

—¿Cómo ha sentido el ánimo de la empresa gallega? ¿Le han trasladado alguna preocupación generalizada durante su visita a Vigo?

—Bueno, tanto a nivel nacional como en Vigo en particular vivimos un momento en el que tenemos muy buenas oportunidades, pero también muchos retos. La preocupación número uno de los empresarios hoy es la falta de estabilidad política. Esto se refleja, por ejemplo, en que no hemos tenido Presupuestos durante toda una legislatura. Y se traduce en cuestiones que preocupan mucho, como la falta de inversión pública. El segundo gran reto es la fiscalidad: el esfuerzo fiscal realizado en los últimos años es impresionante y una gran parte del aumento de impuestos ha recaído sobre las empresas. Otro asunto que preocupa es la falta de mano de obra cualificada y, en algunos casos, incluso no cualificada. Es otro de los temas que hemos comentado.

—¿Es previsible que el impacto de los aranceles de Estados Unidos se note más este 2026 en las exportaciones españolas, habida cuenta de que el pasado año muchas empresas adelantaron sus envíos para esquivar el alza de las tarifas?

—Hubo mucha preocupación por el impacto que podría tener el aumento de los aranceles en el devenir de la economía mundial, pero al final ha habido muchísimas excepciones y esta amenaza no ha sido para tanto. Dicho esto, es cierto que la economía española está perdiendo competitividad. El aumento de los costes se está reflejando en el balance exterior. Tenemos un superávit por cuenta corriente cada año menor y un déficit comercial mayor. Esa dinámica nos preocupa.

—El empleo extranjero bate récords en España con 3,58 millones de afiliados, el 16% del total. ¿Son los migrantes indispensables para garantizar el crecimiento económico de España y sus empresas?

—Los migrantes son muy importantes para garantizar el crecimiento, no cabe duda de que muchos de los empleos que ocupan no los cubre la población española. Hace falta inmigración, pero sobre todo hace falta atracción de talento.

—¿Por qué la CEOE defiende que la regularización de la situación de 500.000 personas extranjeras del Gobierno se lleve al Parlamento? ¿Pueden esperar las empresas?

—Hay que ser conscientes de que vivimos en una democracia y la soberanía popular reside en el Parlamento. El Ejecutivo propone y el Parlamento decide. Y creo que eso hay que respetarlo. La inmigración es absolutamente fundamental, pero tiene que ser una inmigración ordenada y legalizada. Para que la gente que quiera venir a trabajar pueda trabajar donde sea necesario. España está en una posición de privilegio para atraer trabajadores, como decía, también de alta cualificación, pero para ello hay que diseñar un sistema fiscal que no tenga connotaciones políticas ni prejuicios. No puede ser que un médico en España pague muchos más impuestos que un médico en Alemania, o que un ingeniero en España pague muchísimo más que un ingeniero en Holanda. En los últimos años hemos aumentado la fiscalidad sobre el trabajo hasta el punto de que, de cada 100 euros que una empresa paga a un trabajador, prácticamente 60 se van al sector público.

—El Gobierno aprobará la nueva subida del SMI a 1.221 euros sin acordarla con las empresas por sexto año consecutivo. ¿Por qué es tan difícil alcanzar un acuerdo que involucre a la parte empresarial?

—El salario mínimo es una decisión del Gobierno. Nosotros siempre hemos estado abiertos a dialogar con los sindicatos, y hemos llegado a muchos acuerdos, pero creemos que forma parte de un paquete global. Hemos planteado una cuestión muy sencilla, por ejemplo, en la contratación pública: si una empresa se ha comprometido a prestar determinados servicios a la Administración y está sujeta al SMI, cambiemos el contrato si el Estado decide cambiar la regulación. Pero no se ha querido ir en esa dirección.

—La CEOE ha alertado de la «preocupante» disminución de la productividad «por las ausencias laborales y una mala gestión de los permisos». ¿Hasta qué punto está incidiendo el atasco sanitario en ello?

—Bueno, es uno de los principales problemas que tenemos en España. Cuesta unos 32.000 millones de euros al año, la mitad para las empresas y la otra mitad para el Estado. En el caso de las empresas es tremendamente costoso no solo porque tienen que pagar a un trabajador que no está trabajando, sino porque además tienen que reemplazarlo por otro que a lo mejor no es tan productivo porque no está habituado a realizar ese trabajo.

—La duración media de las bajas de los autónomos (102,5 días) es un 150% mayor que la de los empleados (40 días). ¿A qué achacan esta diferencia?

—Habrá que ver cuál es la realidad, pero lo cierto es que en el mundo autónomo cuando una persona no trabaja se tiene que autofinanciar. El absentismo es muchísimo más bajo.

—¿Deben hacer las empresas también autocrítica ante la caída de la productividad?

—La caída de la productividad tiene muchas ramificaciones y muchas razones. Entre ellas, el absentismo laboral, el reducido tamaño medio de la empresa española, el excesivo desarrollo económico del sector servicios, que tiene menores niveles de productividad, la falta de inversión... No se debe a una sola causa, existen muchas causas y hay que atajarlas todas a la vez.

—¿Prevé la CEOE volver a reunirse con el Gobierno para abordar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley?

—La realidad es que la jornada efectiva en España está en torno a las 32 horas, en parte influida por el absentismo laboral. Y lo que tenemos que atajar es ese absentismo, que es una de las principales deficiencias de la economía española. Una gran parte de los sectores, por convenio, están ya en esas 37,5 horas o muy cerca. Lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar margen a la negociación colectiva, es decir, permitir que empresarios y sindicatos negocien. Lo que no puede ser es que los salarios se decidan por ley, cuando el salario mínimo cada vez influye más en el salario mediano, o que las jornadas laborales, que forman parte de los convenios colectivos, las paute el Gobierno.

—¿Qué valoración hace del nuevo fondo soberano español?

—Habrá que ver para qué sirve el fondo soberano. Nosotros preferimos una disminución de la regulación y un mayor apoyo desde el ámbito regulatorio a las empresas, más que subvenciones.

—Gerardo Cuerva abre la puerta a competir contra Antonio Garamendi por el mando de la CEOE. El expresidente de Cepyme dice que «nadie defiende con firmeza a las empresas».

—La defensa de las empresas por parte de la CEOE está fuera de cualquier duda, y así lo perciben.

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