El cisma interno se encona en la armadora Inpesca: los Arrien «sospechan» de las cuentas

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) fue una de las tres patas sobre las que se asentó el proyecto Atunes y Lomos (Atunlo) entre el año 2007 y 2023, durante los que el grupo pesquero se convirtió en el mayor comercializador de túnidos de España pero que también acabaría protagonizando un colapso colosal con un pasivo superior a los 125 millones de euros. Las armadoras vascas Inpesca y Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa, que abandonó la alianza antes de la insolvencia) aportaban la materia prima, ésta se valorizaba o transformaba en una red de factorías (O Grove, Santoña, Cambados y Mindelo) y se comercializaba de mano de la tercera socia en discordia, la viguesa Comercial Pernas (Coper). El batacazo de Atunlo supuso a Inpesca unas pérdidas de 27,5 millones de euros en el año fiscal de 2023, amén de la pérdida de todo el equity, los saldos acreedores en mercancía o deudas bancarias que había avalado.

Pero, aunque el ejercicio de 2024 reflejó sobre el papel que la armadora se había recuperado del tropezón, las heridas sangran todavía en Mundaka. Como divulgó FARO, el consejo de administración de Inpesca formuló hace un año una «acción social de responsabilidad por el daño patrimonial sufrido con Atunlo» contra su propio expresidente Guillermo Arrien Zulueta, que fue respondida por éste —y demás accionistas de su entorno familiar—, con idéntico órdago, esta vez contra varios consejeros. Los Arrien, que controlan más del 15% del capital social —así lo asegura a este periódico Jonathan Arrien, también extrabajador de la empresa— no aprobaron las últimas cuentas y tampoco lo harán en la próxima junta general. Entre otras cosas, porque «no reflejan la imagen fiel de la compañía». A preguntas de FARO, desde la compañía han explicado que estas acusaciones han de circunscribirse en el contexto de un conflicto judicializado entre accionistas. «La junta, por mayoría abrumadora, decidió promover una acción social de responsabilidad, por la cantidad de 26.314.996 euros, contra Guillermo Arrien Zulueta», que también era presidente del consejo de Atunlo.

La familia Arrien fue la que instó la celebración, el pasado diciembre, de una junta extraordinaria celebrada el día 19, con cinco puntos en la orden del día. Abordó una «explicación» sobre supuestos «cobros y pagos en efectivo» en la pesquera, sobre «el modo de proceder respecto del seguro médico del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) para algunas personas relacionadas» con la empresa y «explicación del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de capitales».

Estos accionistas solicitaron la asistencia de un notario —sí fue convocado— y el auditor —su comparecencia fue descartada por «improcedente», como consta en la documentación remitida a este diario—. Inpesca, en una comunicación con fecha del 26 de diciembre, informó a los Arrien (Ane Arrien Asla, Jonathan Arrien Asla, Guillermo Arrien Zulueta y Nekane Arrien Campos) que «se trata de información propia de la operativa social y por ello sensible, existiendo además razones para considerar que los solicitantes la podrían usar para fines extrasociales, habida cuenta del importante conflicto judicial abierto entre la sociedad y el señor Guillermo Arrien».

«Tomaremos otras medidas», asegura Jonathan Arrien al teléfono. De inicio, «alertando a la auditora» del grupo, PricewaterhouseCoopers (PwC), aunque no descartan otras acciones. «Están administrando patrimonio ajeno, nuestro patrimonio. Tenemos más que sospechas», zanja.

Suscríbete para seguir leyendo