La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería

I.C.O.N nació hace más de dos décadas en Vigo con el objetivo de «revolucionar la industria de la belleza con productos innovadores y un modelo de negocio sostenible». «Nuestra misión siempre ha sido pensar tanto en el profesional como en el consumidor, creando fórmulas de alta calidad elaboradas con ingredientes naturales y ecológicos, procedentes de recursos sostenibles, que cuidan el cabello y respetan el medioambiente», señala la compañía, una de las grandes referentes de su sector. Las seis sociedades que integran el grupo de ventas al por mayor de productos de peluquería liderado por Jorge Antonio Rubín Iglesias alcanzaron una facturación de casi 28 millones de euros en 2024, con el grueso del negocio en España. Las venta en el resto de Europa rondaron los 4,4 millones de euros y 615.500 euros en el resto de países. Tiene filial en Milán y cerró el ejercicio con 74 personas en plantilla y un beneficio neto de 1,8 millones de euros.

En las cuentas firmadas el pasado 30 de julio no hay ninguna referencia a las posibles consecuencias de la investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 29 de noviembre de 2023 por las presuntas conductas de fijación de precios en la reventa de sus productos. La denuncia partió de Gambela Lugo, una empresa dedicada al comercio al por menor de productos de perfumería, cosmética y de artículos para la higiene y de aseo personal representada por el despacho Goñi Abogados con oficina en la capital lucense y en Vigo. Se requirió información a la propia I.C.O.N y a su medio centenar de clientes y distribuidores, incluidos salones de peluquería y «tiendas online asociadas».

Tres años de investigación

Las investigaciones se extendieron casi tres años y la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC es contundente con el resultado: I.C.O.N desplegó «múltiples prácticas anticompetitivas, relacionadas con la fijación de precios y la imposición de condiciones comerciales para la reventa de sus productos». Le impone una multa de 1,2 millones de euros y, además, no podrá entrar en contratos del sector público en todo el país para cualquier tipo de suministro de productos de cuidado capilar durante cinco meses.

La CNMC revela la incorporación de cláusulas en los contratos de distribución en el canal mayorista en Canarias y Baleares que exigían mantener intactos los precios de venta a profesionales fijados por I.C.O.N para los salones de peluquería entre 2010 y 2024. En el negocio minorista –«al menos online», subraya el organismo–, la compañía viguesa instó desde 2017 a 2023 a aplicar también los precios que ponía «por medio del envío recurrente de tarifas de obligado cumplimiento». Existía «una limitación estricta» de los descuentos máximos que los distribuidores podían hacer en promociones y campañas. Les prohibió vender los artículos I.C.O.N en marketplaces como Amazon, lo que en la práctica restringía la comercialización a únicamente las webs de los clientes o las peluquerías; y no había opción tampoco de ofrecer cupones descuentos u otras promociones no autorizadas por la empresa.

Monitoreo

Sus conductas fueron «especialmente graves», enfatiza la CNMC, porque «para el cumplimiento de estas condiciones, la empresa desplegó un sistema de control y vigilancia sobre las páginas web de los distribuidores minoristas, mediante el cual detectaba desviaciones en precios y/o descuentos y exigía su corrección inmediata». La resolución saca a a luz «amenazas y la adopción de represalias frente a los que incumplían las normas». Una vez iniciada la investigación sobre estas prácticas, I.C.O.N «promovió la coordinación de respuestas entre los distribuidores ante los requerimiento de información de la CNMC». A pesar del veto a los distribuidores para usar Amazon, la firma sí lo hacía a través de una sociedad llamada Transparency Quality. «Un hecho que ocultó a su red de distribución –destaca Competencia– como a la propia CNMC durante la inspección».

«I.C.O.N perseguía mantener un control absoluto sobre los precios y condiciones comerciales de sus distribuidores, al eliminar cualquier posibilidad de competencia entre distribuidores de la misma marca», resume la CNMC, que habla de una política de precios «uniformes y elevados» en perjuicio de los consumidores y de la entrada y expansión de nuevos formatos de distribución o canales más eficientes.

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