Uruguay quiere recuperar los casi 29 millones entregados ya a Cardama por las patrulleras

La polémica por el contrato de las dos patrulleras encargadas por Uruguay a Astilleros Cardama sube un escalón. Lo hizo ayer, en el Parlamento del país sudamericano, donde fue interpelada la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, a raíz del anuncio de la rescisión del contrato realizado en octubre por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. En frente, Javier García, del Partido Nacional, hoy en la oposición y que en su momento fue el ministro del área que adjudicó el pedido al astillero vigués. Lazo cargó duramente contra el proceso de compra y también contra Cardama, insistiendo en la idea de la «estafa» por la garantía de fiel cumplimiento suscrita con EuroCommerce Bank, que resultó finalmente falsa. En este sentido, la ministra avanzó que «el estado lleva pagado hasta el presente 28.794.500 euros» por la primera patrullera y que el Ejecutivo ve «naturalmente necesario recuperar y evitar su pérdida definitiva». Pese a ello, la responsable de Defensa clarificó que «a día de hoy no está decidida la rescisión del contrato».

La esperada cita vivida en la Cámara Alta del país comenzó pasadas las 13.30 horas (hora española) y se alargó durante una seis horas. Se inició con un saludo amistoso entre Lazo y García, pero a partir de ahí se enfrentaron una dura batalla política. En su intervención inicial, el miembro de la oposición expuso que la rescisión del contrato, valorado en 82,2 millones de euros, se debe a «una decisión política» de Orsi y su equipo, que «por razones ideológicas» habrían decidido descartar la compra. «Ponen en riesgo la seguridad del país y de los uruguayos», indicó, señalándolo como una «locura» y recordando la importancia de tener estos buques tras los 21 años que han pasado desde que se inició el proceso de compra, con varias idas y venidas.

Javier García: «Ponen en riesgo la seguridad del país y de los uruguayos»

Lazo, por su parte, desgranó las largas demoras (hasta 11 meses) para la constitución de las garantías necesarias, en especial la de fiel cumplimiento, de algo más de 4 millones de euros, aceptada por la administración —dirigida por el Partido Nacional entonces— y que originó el conflicto al no ser renovada a tiempo. «Al vencimiento del plazo para la renovación de la garantía nuestro país decidió legítimamente ejecutarla», recordó la ministra sobre el momento en el que se encontraron con la situación irregular de EuroCommerce. «Ante los claros indicios de estar frente a una estafa, se dispuso por parte del Gobierno seguir indagando», explicó, insistiendo en que «se pretendió engañar al estado uruguayo».

La ministra señaló que fue ante esta situación que se decidió «el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes», con la presentación de la denuncia y su ampliación posterior, y que buscan «resolver de la mejor manera este litigio». Tras la intervención del letrado Alfredo Maesso, que señaló las causas que llevaron al Gobierno a tomar la decisión, Lazo apuntó que el estado lleva pagado esos 28,79 millones de euros, «equivalente al 70% del precio total de uno de los barcos». «Una suma enorme» que no quieren perder, confiando en «evitar semejante daño para el erario».

¿Sí o no?

La miembro de Frente Amplio no dejó claro si la intención es la de cancelar el contrato definitivamente, lo que motivó que García insistiese durante su segunda intervención, pidiéndole «un sí o un no» como respuesta. En la réplica, la ministra dijo: «En la vida hay situaciones complejas que no son en blanco y negro; a día de hoy no está decidida la rescisión del contrato, porque es un proceso complejo». Sin embargo, más adelante señaló que no dejan de «buscar alternativas razonables» para vigilar sus aguas con patrulleras. ¿Tienen un plan B? «El plan sigue siendo el Plan A, es el único que tenemos, el tener patrulleras oceánicas», insistió.

Lazo, que cuestionó mucho la actuación de la anterior Ejecutivo avisando que «no culminó la investigación administrativa», también cargó contra el buen hacer de Cardama en el plano técnico, refiriéndose a los informes enviados por los representantes de la Armada que tienen desplazados en Vigo. Aluden a que «el astillero ha sido poco colaborativo», que la información otorgada «es confusa», que hay «irregularidades técnicas muy serias» y que una vez culminados la estabilidad de los barcos se vería «comprometida». Todo ello, dijo, «permiten anticipar el incumplimiento del constructor», aludiendo a una posible caída del contrato por esa parte. «El único problema no es la garantía», recalcó.

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