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Las bonificaciones catapultan el tráfico de pago en Audasa al máximo histórico

Supera por primera vez los 25.000 vehículos diarios, sin contar los tramos gratuitos

La AP-9 ha aportado a su matriz dividendos por 570 millones de euros en los últimos 10 años

Tramo de la AP-9.

Tramo de la AP-9. / FdV

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

En el mercado son diversas las fórmulas a través de las que una empresa puede acceder a financiación, más allá de las vías tradicionales, y una de ellas es la emisión de obligaciones. En esencia, se canjea dinero (como un préstamo) por un título de deuda a cambio de una rentabilidad que se abona periódicamente hasta la amortización final. Autopistas del Atlántico (Audasa), la sociedad concesionaria de la AP-9, es una habitual en el calendario de emisiones y acaba de registrar una nueva en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a diez años por importe nominal de 63,451 millones de euros. La cifra al detalle es relevante porque esta operación servirá para repagar una emisión de hace exactamente una década y por idéntica cantidad: 63.451.000 euros, como consta en el folleto corporativo.

Un documento extenso que desvela un hito histórico para la compañía: la intensidad media diaria (IMD) en tráficos de Audasa ha superado, sobre todo de mano de la amplia remesa de bonificaciones públicas, los 25.000 vehículos. Se refiere aquí la concesionaria a los tramos sometidos a peaje, los coches que pasan por caja: 25.071 de IMD hasta el 30 de septiembre, casi cinco puntos más que en el mismo periodo de 2024. El anterior máximo marcado por la AP-9 en tráficos de pago fue en 2007, con un IMD de 24.901, de acuerdo a sus propios folletos. La concesionaria trató de obtener del Gobierno una indemnización multimillonaria, de hasta 46 millones de euros, por la caída de ingresos durante la pandemia de coronavirus.

Evolución del tráfico de peaje de Audasa

Evolución del tráfico de peaje de Audasa / Hugo Barreiro

A falta de disponer de las cifras del año completo, cerca cuatro de cada 10 euros que factura Audasa dependen del erario público a través del sistema de bonificaciones —articulado en base al Real Decreto 681/2021—, peajes en sombra y las ayudas temporales desplegadas para reducir el alza de tarifas en el año 2022 (RD 20/2022). Entre enero y junio este importe rebasó los 41,6 millones de euros, de unos ingresos totales de 105,56 millones. Solo el desembolso del Estado en bonificaciones se incrementó en un 61% en comparación con el primer semestre del año pasado, mitigando así además la progresiva desaparición de los efectos del real decreto de 2022.

El negocio

Controlada ahora por los fondos APG y Swiss Life, Audasa pertenece a Grupo Itínere, a su vez dependiente de ENA Itínere y ENA Infraestructuras. Es esta última la que actúa como garante de esta emisión de obligaciones y la que explica en este documento de inversión cuánto dinero recibe de sus autopistas en concepto de dividendo. Tomando solo como referencia Audasa (la AP-9), ENA Infraestructuras ha ingresado 570 millones de euros por este concepto desde el año 2015 (incluido) hasta el 30 de septiembre de 2025, sin tener en cuenta, por tanto, las aportaciones de Audenasa, Autoestradas de Galicia y Aucalsa.

Autopistas del Atlántico no destina sus beneficios a amortizar deuda propia pese a que sí reparte todo su resultado neto a su sociedad matriz. De ahí que utilice emisiones de obligaciones nuevas para devolver otras de hace diez años, como esta última, y que su deuda financiera neta no se mueva nunca del umbral de los 1.000 millones de euros. Y que suba incluso: remató el año 2024 con una deuda neta financiera de 1.006 millones de euros y ésta escaló hasta los 1.029 millones a 30 de junio.

La referencia a su deuda es la que siempre utiliza Audasa al mencionar una eventual indemnización a cargo del Estado si se anula la prórroga de la concesión, ejecutada por el Gobierno de José María Aznar y considerada ilegal por la Comisión Europea. En este informe la compañía no muda su argumentario, si bien sí apunta en esta ocasión que Bruselas podría instar un procedimiento legal contra España en cualquier momento por no acatar su informe motivado.

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