Cardama inicia la mediación con Uruguay y propone otra garantía para asegurar el pedido

La mediación entre Astilleros Cardama y el Gobierno de Uruguay por el pedido de las dos patrulleras oceánicas ya ha comenzado. Ambas partes se citaron esta semana en Montevideo para analizar la delicada situación después de que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, anunciase hace un mes la intención de su Administración de rescindir el contrato, firmado con la empresa viguesa por valor de 82,2 millones de euros. Sobre la base de la polémica, además del trasfondo político (el pedido fue adjudicado por el partido hoy en la oposición en el país sudamericano), se encuentra la garantía de fiel cumplimiento del pedido, motivo que ha hecho que Cardama plantee de forma oficial su intención de lograr otra para poder asegurar y completar el pedido. Un trabajo que ya habría iniciado.

En una rueda de prensa que concentró la atención de todos los medios uruguayos, Orsi habló de la intención de romper con Cardama al detectar «hechos graves». Se refería, principalmente, a la garantía de fiel cumplimiento por valor de 4,1 millones de euros con EuroCommerce Bank y entregada en su día por el astillero. «Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría», abundó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Desde aquel momento, la atención mediática del país se centró en el caso, con continuas filtraciones de documentos y noticias sobre el caso, hasta que el Gobierno interpuso, ante las cámaras, una denuncia ante la Fiscalía uruguaya. Con el paso de los días, se concretó la disolución de la británica EuroCommerce mientras Cardama se defendía, aludiendo a que también habrían sido estafados por terceros a la hora de lograr esta garantía.

La tensión se fue rebajando y se abrió la posibilidad de una mediación para salvar un contrato que ya estaba en marcha, con buena parte de las compras realizadas para los dos barcos y con el primero en un 60% en lo que respecta al trabajo de los aceros. Y el primer encuentro tuvo lugar esta semana en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno uruguayo.

Representantes uruguayos, liderados por el propio Jorge Díaz y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, se citaron con la representación legal de Cardama en el país, ejercida por Gonzalo Fernández, excanciller de Uruguay en la época de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, mismo partido que ahora está en el gobierno. Desde Vigo se plantea lograr una nueva garantía de fiel cumplimiento que reemplace a la caída, citando incluso la posibilidad de establecerla con la estadounidense Redbridge Insurance Company, la misma con la que presentaron en su momento la garantía de anticipo financiero por 8,2 millones de euros (equivalente al 10% del total), que también fue validada por el país.

El mismo día que tenía lugar el encuentro, Sánchez llamó a «revisar muchos aspectos del contrato» porque a su juicio existen «un montón de cosas para rediscutir», y no solo las que tienen que ver con las garantías. Orsi también se pronunció sobre el caso esta semana, diciendo que «el formato del contrato es una trampa», en alusión a los pagos que tienen que hacer.

Y es que Cardama, pese a todo, continúa con la obra. El primer barco ha crecido con los nuevos bloques ensamblados (se puede comprobar a simple vista) y está previsto que en las próximas semanas lleguen los motores, motivo por el que el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Álvaro García, reconoció que deberán abonar en enero un nuevo pago al astillero.

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