El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2026 que supera los 216.000 millones

Nuevo paso hacia el proyecto de presupuestos del Estado para 2026, que el Gobierno ha afirmado que quiere presentar antes de mediados del próximo febrero como máximo y que sería el primero que someta a las Cortes desde 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite de gasto no financiero (el conocido como 'techo de gasto') de 216.177 millones de euros para las cuentas del año que viene, un 8,5% más respecto a los 199.171 millones de 2025 y una nueva cifra récord. "Es un incremento significativo, pero también prudente y acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales", ha defendido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La también ministra de Hacienda, así, ha anticipado que las cuentas públicas que propondrá para 2026 serán "expansivas, pero responsables" y permitirán "seguir reforzando el estado del bienestar, abordando problemas como el acceso a la vivienda, pero también serán acordes con las reglas fiscales, continuando con la reducción del déficit y la deuda pública". El Gobierno, en esta línea, también ha aprobado la senda fiscal para el periodo 2026-2028, que tendrá que someter a la aprobación de las Cortes (no así el ‘techo de gasto’).

Montero, en este punto, ha dado por hecho que el Congreso tumbará de nuevo los objetivos de déficit y deuda, pese a que dan más margen fiscal a las comunidades autónomas, por el previsible voto en contra del PP y Junts. Pese a ello, ha afirmado que el Ejecutivo seguirá adelante con su plan de presentar los presupuestos con la senda vigente. "Se van a presentar. Más allá de que nos vamos a dejar la piel en conseguir los apoyos, es evidente que el Gobierno quiere mostrar la hoja de ruta y quiere trasladarle a los ciudadanos cuáles son las prioridades", ha lanzando con un claro deje electoral. "Pese al ruido interesado de algunos, pese a los no argumentos de otros, no hay ni bloqueo ni parálisis", ha insistido.

Principios de año

La ministra, así, maneja la previsión de presentar el proyecto a "principios o mediados del primer trimestre" del año que viene (con mediados de febrero como fecha tope), con la idea de proceder después a una tramitación exprés y que pudiera estar aprobado en abril o mayo. Si este visto bueno no es posible, algo que parece probable hoy por hoy por la oposición de Junts, Hacienda no descarta volver a presentar el proyecto si se produce un cambio de postura en uno de los grupos parlamentarios clave, por ejemplo si tiene lugar un eventual regreso de Carles Puigdemont.

Para tratar de lograr el apoyo parlamentario suficiente, Montero ha afirmado que presentará un presupuesto "atractivo", para que "nadie se pueda resistir a aprobarlo". En esta línea ha enmarcado el crecimiento del 'techo de gasto' en un 8,5%, hasta los 216.177 millones. Esta cifra incluye las transferencias provenientes de los fondos de recuperación europeos, que tendrán su final el año que viene después de estar en vigor desde 2021 para combatir los efectos económicos del covid. Si se excluyen esos 4.151 millones, el límite de gasto queda situado en 212.026 millones, un montante que también representa un aumento del 8,5% respecto al año anterior (195.353 millones).

El incremento del gasto no financiero previsto por el Gobierno está en línea con la mejora que estima de los ingresos tributarios. Montero ha anunciado que la recaudación de impuestos ascenderá este año a más de 325.000 millones de euros y se incrementará en un 8,5% adicional el año que viene. Y ello con los impuestos vigentes, sin necesitar aprobar "nuevas figuras impositivas", algo que ha reconocido que en cualquier caso tendría "difícil" lograr en el Parlamento.

Senda fiscal

En cuanto a la senda fiscal que fija los objetivos de déficit y deuda pública para los distintos niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) para el periodo 2026-2028, y que irá la semana que viene a pleno en el Congreso, el Gobierno se ha ceñido al Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que pactó con la Comisión Europea a finales de 2024. El déficit público, así, deberá bajar del 2,5% del PIB de este año al 2,1% el próximo, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028, mientras que la deuda pública se tendrá que moderar al 100,9%, 100% y 99,1%, respectivamente. "Vamos a haber recuperado todo el espacio fiscal que usamos para responder al covid", ha destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Como adelantó el viernes a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo ha planteado que las comunidades puedan tener un déficit del 0,1% en cada uno de esos tres años y ha advertido al PP y Junts de que, si el Congreso lo tumba como se teme Montero, los gobiernos autonómicos tendrán que realizar un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros el año que viene y 5.485 millones entre 2026 y 2028. "Le pido al PP que sea responsable y no perjudique a los ciudadanos", ha lanzado la ministra.

El Ejecutivo central, por su parte, se ha fijado reducir su déficit del 2,2% de 2025 al 1,8% el año que viene, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028. En la partida del año que viene, se incluye la transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social para cumplir los compromisos del Pacto de Toledo. A las corporaciones locales, por su parte, se les pide el equilibrio fiscal (déficit cero) y a la Seguridad Social se le permitirá un déficit del 0,2% los próximos dos años y del 0,1% en 2028.

Procedimiento presupuestario

La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda y del límite de gasto constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán ahora al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el 'techo de gasto'). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. Montero ha previsto que esa segunda votación tendría lugar antes de final de año. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes, que según Montero implican el déficit cero para las comunidades autónomas.

El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.

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