Un excanciller de Uruguay asumirá la representación legal de Cardama en el conflicto de las patrulleras

La reforma constitucional impulsada por Uruguay en 1967 estableció la duración de los mandatos presidenciales en cinco años y prohibió la reelección inmediata. Desde entonces solo es posible que un presidente vuelva a liderar el país tras un período de gobierno intermedio, razón por la que el progresista Tabaré Vázquez ocupó la presidencia en dos legislaturas no consecutivas (2005-2010 y 2015-2020) dejando entremedias un espacio que tuvo que salvaguardar uno de sus grandes compañeros de partido, el histórico Pepe Mujica. Ambas figuras han sido referentes indiscutibles en el Frente Amplio y son, junto al actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, los tres únicos mandatarios de esta coalición que ha tenido la nación, donde la derecha —por momentos incluso con la dictadura— ha ejercido una posición hegemónica hasta comienzos del siglo XXI.

Pero el movimiento de la izquierda charrúa que inició Tabaré Vázquez —continuó Mujica y heredó Orsi en 2025 tras el mandato del conservador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)— no se entendería sin Gonzalo Daniel Fernández Domínguez. Este abogado penalista fue la mano derecha del primer presidente progresista de la República Oriental —ocupó el puesto de secretario de Presidencia, y también fue canciller y ministro de Defensa—, y él será quien represente legalmente a partir de ahora a Cardama en el país sudamericano, según avanzó el medio uruguayo El Observador.

El astillero vigués se refuerza así para tratar de resolver el conflicto internacional que ha puesto en jaque la construcción de las patrulleras que Uruguay encargó cuando su Gobierno estaba todavía en manos de la derecha de Lacalle Pou; una adjudicación que se politizó casi desde el inicio del proceso por parte de la izquierda —entonces todavía en la oposición—, y que no ha tardado en comprometerse con la llegada de Orsi al poder. El megacontrato de 82,2 millones que la centenaria compañía olívica ganó hace dos años para forjar dos OPV, siglas en inglés para patrulleras de vigilancia de altura (offshore patrol vessels), se mantiene en stand by después de que el actual Ejecutivo uruguayo descubriese presuntas irregularidades en Eurocommerce, la firma británica responsable de la garantía necesaria para que se pudiera ejecutar el proyecto naval.

Cardama aseguró tras conocer el problema que, de ser así, en todo caso la compañía olívica sería una «víctima» más de esta situación. Y desde entonces ha puesto de su parte toda la disposición para presentar nuevas garantías y ha apelado al diálogo para que las obras sigan y las embarcaciones puedan entregarse en tiempo y forma, algo que la Administración de Orsi ha permitido al abrir un proceso de mediación. Eso no quita que Montevideo, en paralelo, haya presentado una demanda por presunto fraude contra la empresa. Según cita El Observador basándose en fuentes gubernamentales, esta será ampliada próximamente, poniéndose en conocimiento de la Justicia nuevos hechos «graves».

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