Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
La cadena tendrá que pagar 50.000 euros a los huelguistas del centro logístico de Narón, cuyo paro burló la empresa al suministrar mercancías desde otras plataformas

Protesta de los trabajadores, durante la huelga de 2023 / CIG
Entre el 14 de febrero y el 21 de mayo de 2023, casi 100 trabajadores del centro logístico que un supermercado de una cadena alemana tiene en la localidad coruñesa de Narón —que nutre a una cincuentena de tiendas— se pusieron en huelga, motivada por el exceso de horas extra realizadas. El paro tuvo un impacto inmediato: a los pocos días las estanterías de tiendas como las de Vigo empezaron vaciarse, con las consiguientes pérdidas económicas y el daño para la reputación de la marca.
Pero a partir de la segunda semana de protesta, el desabastecimiento fue parcialmente paliado con la llegada de mercancía desde otros almacenes. Este comportamiento, denunciado por la CIG, la central convocante, fue considerado por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Ferrol como «esquirolaje organizativo» y, por tanto, una vulneración del derecho a huelga. Ese sentencia, ratificada después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), imponía a la empresa una indemnización de 25.000 euros en favor del sindicato.
El conflicto acabó con un acuerdo ventajoso para los trabajadores, pero sus derivadas aún persisten. Y es que 76 de los empleados que siguieron el paro también denunciaron, a título individual, por la vulneración de su derecho a huelga. El juez, el mismo que vio la demanda de la CIG, acaba de darles parcialmente la razón y ha condenado a la multinacional a una indemnización de 50.000 euros, que se repartirán en función de los días que cada uno secundó la protesta.

Estanterías de un supermercado vacías durante una huelga / Fernando Casanova
Los denunciantes también pedían que la cadena les pagase los salarios que dejaron de percibir durante la protesta y que abonase las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social, pero en ese aspecto la sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSXG, fue favorable a Lidl. Esa medida queda reservada para casos «muy extremos» en los que la actuación de la empresa revistiese «especiales dosis de gravedad, hasta el punto de hacer absolutamente ineficaz y neutralizar totalmente la huelga».
No fue el caso de esta protesta. Aunque la llegada de mercancía desde otras plataformas logísticas rebajó las carencias en las estanterías de los supermercados, la empresa sufrió un perjuicio «grave», cifrado en más de 16 millones, además del deterioro de su imagen y de su reputación. El juez también tiene en cuenta que en el acuerdo firmado entre las dos partes tras la mediación del AGA se recogieron la mayoría de pretensiones del comité. Es decir, como la huelga sí funcionó, no cabe resarcir a los trabajadores con los salarios de los días que protestaron, ya que la pérdida del sueldo es «cosustancial» al ejercicio de este derecho.
Cambio sin justificación
En todo caso, en la sentencia queda demostrado que un mando de la cadena, a los 10 días de comenzar el paro, ordenó por correo electrónico que el centro logístico de Naclares de Oca se hiciese cargo de hasta 27 tiendas en Galicia, Asturias y Castilla y León que eran abastecidas desde Narón. La empresa argumentaba que tiene un sistema flexible en el que las distintas plataformas pueden intercambiarse en el suministro a los supermercados, pero esa decisión concreta «no se justifica en ninguna causa organizativa ni logística conocida»; su único fin era minimizar los efectos de la huelga.
Fue clave, además del citado correo, los testimonios de dos cajeras de Vigo, que confirmaron que tras unos días en los que desabastecimiento fue casi completo, sus tiendas comenzaron a recibir mercancía desde otros almacenes distintos al de Narón, con camiones llegados desde distintos puntos de España. El juez considera justificadas algunas medidas organizativas destinadas a salvar productos perecederos, como desviar un vehículo con congelados a una plataforma distinta que Narón, pero no acepta el traslado de carga de trabajo con la única finalidad de mantener el abastecimiento de las tiendas.
En el momento de la huelga, la plantilla era de 198 empleados, con 38 mandos, 17 responsables y 143 empleados de base. De los dos primeros grupos ninguno secundó el paro, y de los mozos de almacén lo hicieron, en un principio, 96. Durante los meses de conflicto se fueron reincorporando al trabajo hasta 26 de ellos.
Pérdidas sustanciales
Al margen del daño a la reputación de la empresa, en la sentencia quedó acreditado que la reducción de ventas durante la semanas de la huelga arrojó una cifra de 15.488.788 euros. Además, supuso unos costes en almacenajes extraordinarios por importe de 80.000 euros, pedidos cancelados cuantificados en 386.738 euros, pérdidas de productos perecederos por 206.000 euros, pérdidas de plantas vegetales por 1.100.000 euros, además de roturas de folletos sin cuantificar.
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