El Gobierno confirma que quiere subir el sueldo a los funcionarios de Galicia: casi 177.000 trabajadores saldrían beneficiados

El ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, anuncia que firmará un nuevo acuerdo plurianual que incluye una subida salarial para los funcionarios de Galicia y el resto de España. El Gobierno ha trasladado esta intención a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO; a quienes les ha planteado un acuerdo aplicable entre los años 2026 y 2028.

De haber acuerdo, la medida supondría una mejora económica para los cerca de 177.000 empleados públicos gallegos de las distintas administraciones.

Nueva subida para no perder poder adquisitivo

El Gobierno asegura que el objetivo de la medida es conseguir que los funcionarios «no pierdan poder adquisitivo» después de años sin cumplir la promesa de la esperada subida salarial. Este mismo año quienes trabajan para la Administración han percibido una mejora del 2,5% en su nómina, siguiendo lo estipulado en la subida fija pactada para 2025 (un 2%) más el ajuste correspondiente a la inflación (0,5% adicional).

Este cálculo, como ya ocurrió en los ejercicios anteriores, viene de que el salario de los trabajadores de este sector se indexa parcialmente para compensar el encarecimiento de la vida tomando en cuenta dos elementos: la subida fija y la subida variable vinculada al IPC.

A quiénes afectará y cuándo será la subida

Cuando se apruebe la medida anunciada por el ministerio de Función Pública, más de 3,5 millones de trabajadores del sector público de todo el territorio nacional saldrán beneficiados. Desde 2022, el Gobierno reintrodujo mecanismos de compensación automática por inflación, algo que no existía desde la crisis financiera de 2008-2012, cuando se aplicaron recortes y congelaciones.

La reactivación de estos mecanismos ha sido clave para proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos frente al aumento del coste de vida. Además, se espera que esta medida contribuya a mejorar la motivación y productividad dentro del sector, fortaleciendo así los servicios que el Estado presta a la ciudadanía. Por otro lado, expertos han señalado que, aunque estas políticas son necesarias, también es importante garantizar que no se generen desequilibrios fiscales a largo plazo.

El Gobierno aún no ha confirmado ni cifras oficiales ni cuándo empezará a aplicarse. El Secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha informado a los medios de comunicación que el próximo miércoles 19 de noviembre, el ministerio de Función Pública se reunirá con los sindicatos más importantes y llevará una primera propuesta a la mesa de negociación para que comience a debatirse.

El CSIF sugiere que, como mínimo, se ajuste el IPC de 2025 y se destinen fondos adicionales tanto para corregir las desigualdades salariales entre administraciones como para recuperar progresivamente el poder adquisitivo.

También, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se siente satisfecha con la propuesta, pero también reclama que "no estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero".

Cuando se sienten a negociar todas las partes implicadas, el resultado será beneficioso si se aprueba, y entre 2026 y 2028, los funcionarios sufrirán una importante subida salarial.