El astillero Vulcano ‘colea’ tras 6 años liquidado con multas por 1,2 millones

Enrique Lorenzo plantó en 1919 la semilla de lo que sería Factorías Vulcano, astillero de azarosa trayectoria que en sus estertores protagonizó más quiebras (años 2000, 2011 y 2019) que hitos de entrega. La última fue pocos días antes de pedir su liquidación voluntaria, un 1 de julio de 2019: el Villa de Teror —para Trasmediterránea, aunque se vendió después y se llama hoy Madeleine II— se convertía en el único proyecto culminado por la compañía desde 2011, el del sísmico Polar Duchess (ahora SW Duchess).

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, archivó la pieza de calificación del concurso y descartó una quiebra culpable, pero los efectos de aquel colapso empresarial —Vulcano dijo adiós con deudas por 210 millones de euros— continúan coleando a día de hoy. Porque tiene vigentes «deudas y sanciones tributarias» por importe cercano a los 1,2 millones de euros, como consta en un auto dictado por la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional con fecha del 30 de septiembre.

Estas penalizaciones se dirigen a los antiguos administradores de Factorías Vulcano SA, sociedad que estaba controlada por la familia Santodomingo a través de Astilleros La Mecánica, que también pidió concurso definitivo el mismo año que el astillero. En el accionariado estaban también Gestión de negocios Argos, Seawide Cargo y Sociedad Marina Meridional (de José Alberto Barreras, actual dueño de las instalaciones bajo la enseña de Astillero San Enrique).

La resolución

En concreto, deuda y sanciones ascienden a 1,19 millones de euros y derivan de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, adoptada en diciembre de 2020. Los exadministradores de Vulcano plantearon recurso que fue desestimado por el tribunal a nivel estatal (Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC) y acudieron a la Audiencia Nacional para reclamar la suspensión cautelar de este pago. El alto tribunal lo rechazó de inicio, en un auto del pasado febrero, pero acaba de aceptar esa paralización temporal.

La multa y deudas con Hacienda han de ser abonadas por los administradores de la desaparecida Vulcano porque son sus responsables subsidiarios, como determina el artículo 43.1 letra «a» de la Ley 58/2003. La norma establece que «serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria [...] los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios [...] Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones».

Al menos uno de esos administradores ya depositó un aval bancario por más de 420.000 euros, pero le restan otros 768.825,17 euros por satisfacer. Ha ofrecido ahora como garantía «la constitución de una hipoteca inmobiliaria» de una vivienda en Vigo a favor de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional ha atendido la petición de la suspensión cautelar del pago atendiendo a la extrema dilación del procedimiento (periculum in mora), pero «condicionada a la constitución de esta garantía suficiente». En las últimas cuentas de Factorías Vulcano, del año 2019 pero depositadas en 2021 en el Registro Mercantil, consta una deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por unos 3,06 millones.

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