El Gobierno español media por el contrato de Cardama, según Uruguay

El Gobierno de España, al igual que el de Uruguay, está también mediando en el problema del contrato con Cardama por las dos patrulleras oceánicas valoradas en 82,2 millobnes de euros. El objetivo es intentar solucionar el conflicto que ha puesto en jaque la construcción de los barcos encargados por el país charrúa al astillero vigués. Un anuncio que avanzó ayer lunes el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez.

Alejandro Sánchez, durante una comparecencia pública y consultado por los contactos con el gobierno España, explicó que hubo comunicaciones tanto con el gobierno y como con la embajada española para notificarles la decisión que estaban tomando y para que estén informados. «El Gobierno español ha planteado su voluntad de acompañar y asesorar a Uruguay en el marco de sus competencias, porque aquí lo que hay es una contratación entre un privado y el Estado uruguayo. No hay ningún tipo de contrato ni acuerdo entre gobiernos», señaló.

Sobre el futuro del contrato de Cardama y la construcción de las patrulleras, el secretario de la Presidencia remarcó que el objetivo «es tener patrulleras oceánicas» y que, si bien hoy «hay un contrato sin garantías», la intención es resolver esta situación «ya sea con el mismo astillero, con otro o en conjunto». «Si las negociaciones con Cardama no prosperan, hay que buscar un plan B con otro astillero», aseguró.

El Gobierno de Uruguay anunció a finales de octubre su decisión de rescindir el contrato firmado por el anterior gobierno, dirigido por Luis Lacalle Pou, con Astilleros Cardama. A razón de algo más de 41 millones de euros por unidad, el pedido suponía la construcción de dos patrulleras oceánicas tipo OPV (offshore patrol vessels). Uruguay, a través de su actual presidente Yamandú Orsi, apreció irregularidades en el procedimiento.

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