Uruguay notifica a Cardama el inicio del proceso de mediación

Seis días después de la rueda de prensa del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, Astilleros Cardama ha recibido la notificación oficial de los planes del Gobierno sudamericano para analizar el contrato para la construcción de dos patrulleras y su posible rescisión. Una comunicación, la primera de carácter oficial, que da inicio al proceso de mediación avanzado en las últimas horas por diferentes miembros del Ejecutivo uruguayo.

A través de un correo electrónico, el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay envió la notificación de las acciones comunicadas hace seis días por Orsi y su equipo, que el pasado viernes también presentaron una denuncia ante la Fiscalía de su país, civil y penal, por una presunta «estafa». Hasta el momento, y a mayores del comunicado del domingo, Cardama sostiene que ha cumplido con el contrato y que su objetivo es acabar la fabricación de las dos unidades oceánicas por los 82,2 millones firmados.

Según confirmó al medio uruguayo El Observador la ministra de Defensa, Sandra Lazo, la notificación se envió el lunes por la tarde para iniciar las acciones recogidas en el contrato, incluyendo un «eventual resarcimiento».

Garantías

El problema de fondo del contrato son las garantías presentadas por Cardama, firmadas con la británica Eurocommerce Limited por un año y que deberían haber sido renovadas antes del pasado 22 de octubre. Uruguay dice que no se hizo esa renovación y por eso optó por ejecutarlas —sin dar previo aviso ni posibilidad de solventar la situación—, pero al hacerlo detectó que la firma británica está en disolución. Orsi y su equipo piensan que es una empresa pantalla y hablaron de «estafa» al Estado uruguayo, mientras que Cardama insiste en que fueron ellos los estafados y que podrían haber perdido la prima pagada para hacerse con esa garantía. Esta garantía de fiel cumplimiento es de 4,1 millones de euros y Cardama se ofreció a buscar otra para seguir con la obra.

Por otro lado, la prensa uruguaya asegura que el documento notarial presentado por la garantía sería falso. El notario firmante, el español Luis Calabuig de Leyva, explicó a FARO que el documento filtrado en Uruguay, de ser el oficial, sería «una falsificación chapucera». «Me pongo a disposición del gobierno si me lo requieren» para una eventual aclaración, dijo.

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