Cardama se defenderá de las acusaciones de Uruguay y avisa del «daño reputacional»

El teléfono del director general de Astilleros Cardama, Mario Cardama, echa humo. No por las notificaciones o comunicaciones del Gobierno de Uruguay, que no le traslada nada pese a la denuncia pública realizada desde el pasado miércoles y la intención de rescindir el contrato para construir dos patrulleras por 82,2 millones. Cardama responde a todos y cada uno de los medios del país sudamericano que están tratando el tema y le preguntan. Y ayer fue una de las jornadas más intensas, después de que el gobierno de Yamandú Orsi escenificase ante las cámaras la demanda por estafa contra el astillero vigués a última hora del viernes (en España). El empresario desconoce el contenido de la denuncia, pero avisa: «Nos defenderemos, no hemos incumplido el contrato».

En medio de la guerra política que supone este contrato en Uruguay, adjudicado por el gobierno anterior (del Partido Nacional) y denostado por el actual (de Frente Amplio), Cardama intenta reunirse con el Gobierno para aclarar un problema que se centra en las garantías aportadas por el astillero. El Gobierno decidió ejecutarlas para ponerle fin al pedido aduciendo que no había sido renovada a tiempo; la empresa apunta que se han renovado y que la construcción de las patrulleras está avanzada.

Pese a ello, Uruguay cumplió su amenaza y ayer el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, acudieron a la Fiscalía General de su país para presentar la denuncia civil y penal. «En vista de las situaciones que ya están planteadas y que son de público conocimiento de que no tenemos una garantía, porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel, lo que cumplimos aquí es presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado», dijo Sánchez.

Cardama, mientras, avisa del daño reputacional que estaría sufriendo ya el astillero, que sigue inmerso en negociaciones para nuevas construcciones (como el buque de Angola) y reparaciones, parte importante de su negocio. «Yo pienso salir adelante», insistió ayer Mario Cardama, que recuerda que ellos han seguido los hitos constructivos y que la empresa con la que firmaron la garantía, Eurocommerce Ltd., clave en la estrategia uruguaya, fue validada por el propio Gobierno charrúa. Firma que, de ser una empresa pantalla como aduce Uruguay, habría estafado al propio astillero vigués, que pagó la prima correspondiente.

Análisis

Como explica el experto Manuel González, del despacho On Tax & Legal, «los altibajos experimentados» por el naval han hecho «cada vez más difícil o complicada» que los astilleros logren las garantías. Según el abogado, especializado en Derecho Mercantil y, en particular, en las áreas de Derecho Marítimo y del Transporte, esta realidad ha abierto el camino para que otro tipo de entidades entren así en el sector. Una realidad que afecta también a otros ámbitos como la minería o montajes industriales.

Según lo anunciado por Uruguay y a falta de conocer el trasfondo, González señala que «todo parece indicar» que Eurocommerce «además de ser una mercantil no sujeta a la normativa regulatoria del Reino Unido, se encuentra en una situación que podemos calificar cuanto menos de irregular, lo cual se encuentra muy lejos de derivar en una responsabilidad de Cardama, al menos de manera automática».

Según el experto, en estos casos se suele apostar por «buscar una solución negociada a este tipo de problemas»

A su juicio, en una relación contractual como esta «se pueden producir fricciones», pero si el armador «mantiene su interés en recibir el buque» se suele apostar por «buscar una solución negociada a este tipo de problemas». «La posición adoptada por el Gobierno de Uruguay sin duda tiene que ver con elementos o circunstancias ajenas al contrato, y de índole seguramente política, que le ha llevado a tomar la decisión de cancelar el contrato y emprender las acciones legales anunciadas en Uruguay», opina.

Para Manuel González, en este conflicto «existirían dos perjudicados» por las supuestas irregularidades de Eurocommerce: por un lado, Uruguay, «que una vez decidido a alegar la existencia de un incumplimiento contractual por parte del astillero, se ve privado de una garantía»; por otro, el propio astillero, «que habiendo abonado la prima correspondiente» a la firma británica «no puede disfrutar de la misma y se ve abocado a enfrentarse a la discusión o litigio sobre la resolución del contrato sin poder contar con el respaldo de la garantía contratada».

Sobre la acusación de estafa, el experto apunta algo clave: «La estafa exigiría la existencia de engaño ab initio, esto es, la intención del astillero de perjudicar o aprovecharse del Gobierno de Uruguay desde el momento inicial del contrato». Algo que, recuerda, no tendría sentido al haber pagado la prima de la garantía «ni con el hecho de que una parte relevante de la construcción ya haya sido efectuada».

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