Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas

Galicia arrastra un retraso digital estructural evidente en multitud de negocios tradicionales gestionados por autónomos próximos a la edad de jubilación, más acostumbrados a la libreta de toda la vida que a tirar del Excel para cuadrar las cuentas de sus talleres, bares o comercios. Solo en los próximos cinco años está previsto que cerca de 40.000 trabajadores por cuenta propia se conviertan en pensionistas, uno de cada cinco que cotizan en la comunidad. Y aunque su retiro está a la vuelta de la esquina, muchos de ellos deberán lidiar con el nuevo sistema Verifactu, que a partir del 1 de julio de 2026 será obligatorio para la gran mayoría, salvo contadas excepciones, y que antes, desde el 1 de enero, también se aplicará al grueso de las pequeñas y medianas empresas. Por medio del reglamento, todas las facturas completas emitidas en España —excepto en los sistemas forales o el Suministro Inmediato de Información (SII), por el que se rigen las grandes compañías— deberán generarse con un software certificado que garantice que no se pueden manipular, y que Hacienda podrá verificar su trazabilidad en todo momento. Un cambio que busca fomentar la transparencia y combatir el fraude, pero que en clave gallega implicará a un mayor esfuerzo para el músculo que sostiene la economía.

«Los menores de 40 años se adaptarán sin problema, pero los mayores lo harán solo gracias a sus gestorías, en el caso de que tengan, y ese servicio adicional encarecerá la cuota que ya pagan en estos momentos», advierte el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), sobre el efecto de la normativa. A sus ojos hay «un desconocimiento brutal» en torno a su aplicación, lo que se traducirá en «sanciones importantes y muchos profesionales en apuros» cuando llegue. «En las empresas no habrá tantas dificultades», remarca en contraposición, lamentando que las cargas administrativas no cesen para su colectivo y se estén volviendo «absolutamente insoportables».

Impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria, Verifactu es el sistema que garantizará que las facturas sean auténticas y no se puedan manipular, asegurando que no puedan alterarse ni borrarse mediante un software certificado que incluirá códigos QR y sellos digitales para blindar su trazabilidad. Las empresas podrán optar entre la modalidad Verifactu, que enviará automáticamente los registros a la AEAT, o No Verifactu, en la que conservarán los datos internamente bajo las mismas exigencias de integridad y seguridad.

«La digitalización sigue siendo un reto real para muchas pymes y autónomos, especialmente para personas o empresas con menor experiencia tecnológica», destaca por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites. La falta de estas habilidades digitales «puede ocasionar errores, retrasos o incumplimientos involuntarios, además de generar costes adicionales que afectan a la competitividad del negocio», avisa, por lo que urge «reforzar las campañas de comunicación y el asesoramiento especializado». «Muchas empresas aún desconocen en qué consiste», sentencia.

Opina igual la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo, Águeda Ubeira, que recuerda que Verifactu es «un paso necesario hacia una gestión más transparente», pero para muchas pequeñas empresas supondrá un esfuerzo real, no solo en costes económicos sino también humanos, por ejemplo en formación. «Adaptarse puede implicar entre 300 y 1.000 euros en costes iniciales y muchas horas de aprendizaje», subraya. E insiste: «La digitalización no debería ser un obstáculo, sino una herramienta que nos ayude a crecer».

Las filiales de los grandes grupos se adelantan al problema

Cegid es una de las tecnológicas que ofrece soluciones de gestión empresarial en la nube en Galicia, como software de finanzas. Ya ha impulsado la digitalización de cerca de 400 pymes y autónomos, además de colaborar con más de 100 asesorías y despachos profesionales, ayudándoles a adaptarse a la nueva obligación del Verifactu. Su general manager para la región de Iberia, Latam y África, Javier Torres, admite también que «presentan un alto desconocimiento». «Es importante diferenciar Verifactu, que es un sistema de emisión de facturas verificables dentro del contexto de la Ley Antifraude, de la facturación electrónica entre empresas, que se recoge en la Ley Crea y Crece y para la que todavía no hay fecha de implantación», explica.Es algo que conocen también a la perfección en la viguesa Marosa, que oferta los mismos servicios. «Lo que vemos es una gran demanda de grandes empresas que tienen pequeñas filiales que todavía tienen que cumplir con la obligación —la del SII, obligatoria solo para las empresas que superen los seis millones de euros de facturación—, o también muchas veces lo que llamamos agregadores. Por ejemplo, un marketplace que emite las facturas a nombre de sus clientes y nos pide que creemos una solución global para todos ellos», evidencia el CEO y fundador de la firma, Pedro Pestana da Silva. «Esto está dentro de una tendencia de declaraciones de facturas en tiempo real que España tiene desde 2017», comenta. Fue entonces cuando implantó el mecanismo del llamado Suministro Inmediato de Información.

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