El Gobierno de Uruguay cumple su amenaza y denuncia a Cardama ante la Fiscalía de su país

El Gobierno de Uruguay ha cumplido con su amenaza. El secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, acudieron a la Fiscalía de su país para presentar la denuncia civil y penal contra Astilleros Cardama por supuesto fraude a la hora de cumplir con las garantías para la construcción de las dos patrulleras oceánicas encargadas por el país y que ya están en construcción en Vigo. Una acción que complica todavía más que la empresa viguesa pueda «reconducir» la situación.

En la noche española del pasado miércoles, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, compareció en una rueda de prensa centrada solo en este contrato para anunciar la rescisión del mismo. Acompañado de Díaz y Sánchez, explicó que encontraron «indicios muy fuertes de estafa», aludiendo a que la firma británica que presentó Cardama para respaldar su garantía, Eurocommerce Limited, sería una empresa pantalla, sin actividad y ya en liquidación desde agosto.

«Hemos decidido hacer denuncia ante la justicia, en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al estado uruguayo», apuntó en su intervención el propio Orsi.

Ayer, ya al cierre de la edición en papel de FARO por la diferencia horaria, Díaz y Sánchez acudieron ante las cámaras de su país a la sede de la Fiscalía General para presentar las denuncias. «En vista de las situaciones que ya están planteadas y que son de público conocimiento de que no tenemos una garantía, porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel, lo que cumplimos aquí es presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado», puntualizó Sánchez allí mismo, en rueda de prensa.

«Evidentemente hay un delito de fraude o un delito de estafa. Eso lo calificará el fiscal. Pero hay un engaño al Estado. Acá hubo una actuación de parte de un grupo de personas tendiente a engañar al Estado, determinando que existía una garantía que cuando la fuimos a ejecutar resulta que no existe», sentenció por su parte Díaz.

Según los medios uruguayos, la demanda será asignada a la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía por el volumen de dinero del que se está hablando: el contrato de las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) asciende a 82,2 millones y Uruguay ya habría entregado a Cardama unos 30 millones de dólares (algo más de 25 millones de euros).

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